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Colombia cumple un mes de protestas contra Duque

En medio del descontento social se aprobó la controvertida reforma tributaria y se creó el 'holding' financiero estatal.

Hace un mes, millones de colombianos tomaron las calles para protestar contra lo que denominaron el "paquetazo" del Gobierno de Iván Duque, ante la proximidad de reformas tributaria, laboral y en el sistema de pensiones, además de incrementos en las tarifas eléctricas.

Ese primer día de protesta salió a la luz el malestar de los colombianos contra las políticas del actual Gobierno y por deudas históricas del Estado. En casi todas del país hubo multitudinarias movilizaciones.

Desde entonces, las protestas no han parado. Aunque en menor nivel, pero aún masivamente, los colombianos se convocan para marchar, hacer conciertos, protagonizar cacerolazos, realizar encuentros de organizaciones sociales, entre otras actividades.

Represión estatal y muertes

Estas manifestaciones han estado caracterizadas por reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

El 22 de noviembre, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, confirmó la muerte de tres personas, durante la jornada del día anterior.

Según detalló, dos personas murieron en Buenaventura y una en Candelaria, departamento del Valle del Cauca. El primer caso fue durante "en una intención de saqueo" a un centro comercial durante la noche, lugar al que la fuerza pública acudió "a hacerle frente".

Pero una de las muertes que causó más revuelo fue la de Dilan Cruz, un joven que falleció el lunes 25 de noviembre, luego de haber sido reprimido dos días antes en una protesta en Bogotá, por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

La autopsia reveló que se trató de un homicidio. El joven, de 18 años, fue golpeado por un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el ESMAD.

Diálogo

Con esas demandas y ante el creciente descontento, el Gobierno colombiano accedió a dialogar. Sin embargo, abrió lo que denominó como la 'Gran Conversación Nacional' para incluir a diversos sectores, entre ellos el empresarial.

El Comité de Diálogo Nacional exigió una mesa de diálogo aparte y, tras casi dos semanas de discusión, el Gobierno accedió a tener un espacio exclusivo de negociaciones con los manifestantes.

El diálogo no ha avanzado mucho desde entonces. En primera instancia, el comité entregó un petitorio de 13 puntos, en el que, además de incluir sus demandas iniciales, se contempló también la depuración de la Policía y la disolución del ESMAD.

Ese pliego, esta última semana fue más preciso. Los organizadores de las protestas entregaron al Ejecutivo un documento con 13 capítulos, en los que se desglosan 104 puntos a discutir. Se sumaron demandas como la estatización total de Ecopetrol, la prohibición del 'fracking' (método de extracción de petróleo no convencional), la eliminación del uso del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos, el reinicio del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la modificación de la doctrina militar y la política de seguridad y defensa.

Diego Molano, secretario General de la Presidencia y encargado del diálogo, dijo que algunos puntos de las peticiones se salen de las "órbitas constitucionales". Y dejó claro: "Aquí no se puede entrar a negociar el Estado".

Por ello, de momento, el diálogo sigue sin acuerdos; al menos así fue hasta la sexta reunión de la mesa de negociaciones, realizada esta semana.

FUENTE: ACTUALIDAD

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