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Comercio: conciliación obligatoria en el conflicto salarial

El Ministerio de Trabajo de la Nación determinó la medida para que las partes dialoguen durante 15 días hábiles para tratar de destrabar las diferencias.

El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria en el conflicto paritario de los trabajadores de Comercio. La medida obliga a las partes a retomar el diálogo durante 15 días hábiles. Más allá del aspecto formal de tal instancia la cuestión llegó a ribetes de escándalo ya que la organización gremial liderada por Armando Cavalieri, que daba por cerrado el acuerdo el jueves pasado, apuntó a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como el eje de la discordia.

Empero su ofensiva también se extendió al resto de las entidades patronales.

“Con gran sorpresa, se nos informó que pese a la aprobación brindada al acuerdo por las otras cámaras CAME abruptamente se negó a suscribirlo, sin mayores explicaciones”, resumieron en un comunicado. Dicha entidad fue la primera que salió al cruce del anuncio mercantil, horas después de que trascendiera la versión sindical del mismo.

En el sindicato de Comercio incluso daban por cerrado el pacto salarial hasta horas antes de la mesa virtual del martes en Trabajo, “hubo más de 20 días de negociación, para consensuar los términos del convenio y contenido del mismo, lapso donde no se expresaron observaciones alguna durante su discusión”, sostuvieron.

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El comunicado de la conciliación obligatoria para trabajadores de comercio. CAME, FAECYS y UDECA, involucrados.

El comunicado de la conciliación obligatoria para trabajadores de comercio. CAME, FAECYS y UDECA, involucrados.

Los términos del fallido pacto señalaban una suma fija mensual hasta marzo de $5.000, y la incorporación al salario del bono de $4.000 que por DNU el Gobierno otorgó antes del Coronavirus. En esos números el básico mercantil alcanzaría los $50.687.

Amén del rechazo que CAME hizo público en soledad la semana pasada y luego en moción conjunta con sus pares, el sindicato sostuvo: “nos agravia también la actitud llevada a cabo por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales de Argentina (Udeca), quienes luego de haber aprobado y comprometido la firma del acuerdo salarial, al tomar conocimiento de la negativa de CAME, proceden a negar su firma en una franca violación al principio de buena fe que debe regir en las negociaciones colectivas”.

Todo se desencadenó al compás del interés del Gobierno para que el acuerdo paritario engrosara el bajo número de trabajadores que, en tiempos de pandemia, sólo alcanzó al 19% de empleados registrados. Comercio es una de las actividades con mayor número de trabajadores: 1.200.000 y considerando que tampoco construcción todavía no acordó su paritaria la merma pactos salariales revela la crisis Covid y sus múltiples impactos.

Cavalieri no ahorró calificativos para los empresarios y enfatizó“la abierta mala fe adoptada por la CAC y UDECA al negar la firma del acuerdo luego de haberlo aprobado, solo por solidaridad con CAME. La Solidaridad, no puede ser definida como una concertación de empresarial extorsiva o un mecanismo de bloqueo para denostrar los salarios de los trabajadores, y con ellos, su dignidad”, rezó la postura oficial del gremio.

En base a datos duros la Cámara de Comercio (CAC) sostuvo que el escenario del sector le impide otorgar la mejora salarial pretendida ya que el 46,5% de los empleadores está inactivo y el 79,1% no proyectan realizar inversiones, mientras un 50,4% anticipó que reducirán su personal en los próximos tres meses por el impacto de la crisis sanitaria.

Dentro de los tintes formales, el Sindicato de Comercio se declaró en estado de alerta y movilización dentro de la instancia de conciliación obligatoria que dictó la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello. La funcionaria aplicó los términos previstos en la ley 14.786 ante el fracaso de las negociaciones y la posibilidad de que comenzaran medidas de fuerza.

Marcello además consideró a los trabajadores mercantiles "personal esencial", según la determinación laboral 207 del 16 de marzo, por lo que "la continuidad de sus actividades constituye una exigencia excepcional de la economía".

En ese lapso, tanto empleadores como la organización gremial no pueden establecer medidas de fuerza u otras alternativas desde el sector patronal.

FUENTE: Bae Negocios

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