El empresario no pagaba el Impuesto al Combustible y con esos fondos ampliaba sus empresas. El ente recaudador aún no pudo cobrar la deuda.
Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa enfrentarán este jueves su primer juicio oral por corrupción. Ambos fueron procesados por la deuda de $8.000 millones que la firma Oil Combustibles contrajo con la AFIP al no pagar durante años el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
Están acusados por el delito de administración fraudulenta agravada, al haber cometido un perjuicio contra el Estado. En el banquillo de los acusados también estará el ex titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso dirigirán el proceso contra el ex director del Grupo Indalo y al extitular de la AFIP.
El fiscal ante el TOF será Juan García Elorrio y durante las audiencias, que durarán aproximadamente cinco meses, pasarán más de 30 testigos.
El ex jefe de la AFIP ya enfrenta otro juicio oral por supuesta instigación a la falsa denuncia y violación de secretos por haber supuestamente divulgado información reservada sobre una investigación y vincularla a Alfonso Prat Gay.
Echegaray quedó procesado por el presunto otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago para el Impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, desde mayo de 2013 a agosto de 2015, a favor de Oil Combustibles, de López y De Sousa.
Según la acusación hecha durante la investigación a cargo del juez Julián Ercolini, el dinero que no se pagó al fisco habría sido usado para capitalizar otras empresas del grupo, entre ellas, las de medios de comunicación.
La acusación estará a cargo del fiscal Juan García Elorrio, mientras que la AFIP actuará como querellante y actora civil.
La deuda calculada supera los ocho mil millones de pesos.
El Tribunal resolvió "prohibir el ingreso a la sala de audiencias de todo medio o equipo técnico que permita su grabación, reproducción, transmisión o retransmisión", salvo al comienzo del juicio y en las etapas de alegatos finales y veredicto.
López y De Sousa sumaron ayer otro procesamiento por presunto "lavado de activos" por maniobras en la empresa "Agosto", vinculadas a la puesta en el circuito legal de dinero obtenido de manera ilegítima.
Ambos empresarios están presos en la cárcel de Ezeiza y enfrentan una pena máxima de seis años de prisión en caso de ser condenados.
Los dueños del grupo Indalo quedaron procesados por "no pagar el tributo en tiempo y forma -pese a haberlo percibido de manera inmediata actuando como responsables directos- y, tras refinanciar las obligaciones, y utilizar el dinero indebidamente para favorecer a las empresas de su grupo económico”.