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Confirman a la fiscal en la causa por irregularidades en el Correo Argentino

Lo ratificó la Corte Suprema de Justicia. Se desestimó el pedido de la familia Macri que pedía suspender la investigación.

Las malas noticias en torno a la familia presidencial no cesan, ni siquiera por la cercanía de fin de año. A la citación para Gianfranco y Franco Macri que realizó el juez federal Claudio Bonadio, se le sumó la confirmación, por parte de la Corte Suprema, de la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín en la causa de Correo Argentino, que involucra al entorno de Mauricio Macri.
A principios de año, la empresa de la familia del presidente había realizado una queja ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender la investigación que llevaba adelante Boquín sobre el presunto vaciamiento de Correo Argentino, el supuesto desvió de fondos e irregularidades en relación a las deudas que tiene esa compañía con el Estado.

 

Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el pedido y ratificó a la fiscal en su puesto. Según el fallo que se conoció, los magistrados, por unanimidad, no dieron lugar a la queja por "no estar dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal". Lo cierto es que Boquín asegura que las autoridades desviaron los fondos de la empresa, que está en concurso de acreedores, hacia otras compañías del holding Macri.


Vale destacar que esta causa se basa en la deuda que la empresa vinculada a la familia Macri tiene con el Estado originalmente por 296 millones de pesos, cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización, y que luego de que el Gobierno llegó a un acuerdo con la compañía, siendo que la fiscal se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial", ya que implicaba una quita del 98,2% de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.

 

El Gobierno retiró la propuesta de cobro de la deuda, tras las críticas que recibió y fue el turno de que Laura Alonso analizara el caso en base a la ley de ética pública, pero aseguró que "no se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación".
Gracias a esta decisión, la titular de la Oficina Anticorrupción fue imputada penalmente por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia. El caso está a cargo de la jueza federal María Servini y la fiscal federal Paloma Ochoa. Según el dictamen de la magistrada "resulta imputada en autos Laura Alonso" aunque "ello sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se formulen otras imputaciones".

 

Fuente: El Intransigente

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