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"El DNU retoma derechos en los servicios de comunicación"

La politóloga Emilia Reizer analizó en LV12 el alcance del DNU nacional sobre los servicios públicos esenciales en telecomunicaciones.

El presidente Alberto Fernández emitió el viernes 21 el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado en el Boletín Oficial al día siguiente que genera una serie de avances en cuanto a la regulación de los servicios de telecomunicaciones, indicaba al aire de LV12 la especialista en política Maria Emilia Reizer.

"Esta resolución recupera prerrogativas que tenía el estado nacional, hace 5 años. Esto quiere decir que se retoman derechos que habían sido establecidos en la Ley Argentina Digital que se sancionó en el año 2014. y que después por medios de DNU a fines de 2015, durante la gestión de Mauricio Macri, retrocedió en algunos aspectos".

El nuevo DNU contiene 3 puntos, que son los más importantes:

El primero declara servicios públicos de competencia. La especialista desmintiendo algunas versiones que hacían referencia a una estatización de los servicios de telefonía móvil, internet, televisión paga y explicaba que "se mantienen en manos privadas, lo que hace el estado es tener mayor capacidad de regulación sobre la prestación de estos servicios. Básicamente lo que establece el decreto, es entender que estos servicios son derechos humanos y más hoy en día. Esto es urgente porque en este contexto existe un aumento de la demanda de estos servicios en trabajo, educación, cultura".

Por otro lado, "el decreto le exige al estado además de la regularidad, poner a disposición del total de los habitantes el acceso a esto servicio". Porque, como explicaba la especialista, "en muchos espacios (regiones o áreas geográficas) para las empresas privadas no es redituable llegar con la prestación. En este caso el estado va a garantizar que en todos los rincones de nuestro país se pueda acceder a estos servicios, por considerarse derechos básicos".

El decreto presidencial, sigue los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otros países tanto de la región como de Europa que ya lo han sancionado como esencial.

Otros de los puntos importantes tiene que ver con el congelamiento de las tarifas, que es otra razón por la cual se instrumenta mediante el DNU, porque el 31 de agosto era el último día en el cual las tarifas se mantenían sin variación para los prestadores de los servicios. "Lo que establece el decreto es que hasta el 31 de diciembre de este año, las empresas no pueden aumentar las tarifas, es decir que a aquellos usuarios a quienes se haya avisado sobre el aumento a partir de septiembre, se continuará abonando el mismo importe hasta fin de año".

Por último, respecto al ENACOM, después del decreto de 2015 tuvo muy poco espacio de regulación con la modificación del AFSCA (Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), por lo cual el decreto le otorga mayor capacidad de regulación, por lo cual las empresas privadas no podrán realizar ninguna modificación tarifaria o de servicios sin consultar previamente al estado y sin habilitación.

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