Por Luiz Cristiano Naclerio Torres.
Venir a público los mensajes filtrados e intercambiados entre el fiscal Deltan Dallagnol con otros fiscales de la Fuerza Tarea de la Lava Jato y también con el juez Sergio Moro (actual ministro de justicia del gobierno de Bolsonaro) produjo en algunos incredulidad y en otros una alegría por la confirmación de una larga sospecha. Dallagnol fue quien acusó a Lula da Silva por corrupción y el exjuez Moro lo condenó -en primera instancia- al ex presidente a nueve años y medio de cárcel.
En primero lugar, la filtración más grande de la historia reciente de política brasileña desnudó una práctica arraigada de relaciones indebidas todavía existentes entre los operadores del derecho por fuera de los expedientes jurídicos. Así se puso de manifiesto el déficit democrático y de transparencia que aqueja el sistema de justicia en el país. Sobre todo entre los fiscales (quienes acusan) y los jueces (quienes deberían juzgar de manera independiente).
En segunda medida, se ha desmoronado como un castillo de cartas soplado por el viento la mega operación de combate a la corrupción más conocida como Lava Jato. La cantilena sostenida por los fiscales y también por Moro de que sus acciones se orientaban por el principio de la exención así como la prisión del expresidente no constituirse en una persecucción política se desarmó como humo en el aire. Alardeaban a los cuatros vientos que sus conductas se fundamentaban en un combate tenaz a la impunidad que desgraciaba al país, en cambio, sostenían que era el expresidente y su defensa quienes politizaban el tema como estrategia para evadirse de la justicia.
La operación Lava Jato, según sus operadores, seguía los más estrictos preceptos de la justicia para promover una limpieza ética en la política brasileña. Todo esto se implosionó con la filtración de los mensajes del grupo de los abanderados del combate a la corrupción en la medida en que nos enteramos de lo que se decían a través de la filtración.
El llamado terremoto político que el “wikileaks” brasileño podría generar fue rápidamente maniobrado por la acción de los grupos más allegados a Sergio Moro así como por los troll del gobierno. Estos salieron de forma enérgica a condenar la filtración y la publicación del reportaje. Reputaron como una ataque directo a la Lava Jato. Por otro lado, la propia Fuerza Tarea del Ministerio Público Federal de Paraná emitió un comunicado en que denuncia la violación de privacidad de sus fiscales y condena la forma ilegal de obtención de la información, según ellos, por medio de un hacker. Asimismo desestimaron los “supuestos mensajes” y volvieron a remarcar que los juicios de la Lava Jato persiguen principios de legalidad, tecnicidad jurídica e impersonalidad. Además restaron credibilidad al episodio al relacionarlo a un grupo de periodista que atribuyeron a un supuesto perfil ideológico contrario a la Lava Jato.
Es importante resaltar que el The Intercept Brasil y su equipo de periodistas, comandados por Glen Greenwald, fueron quienes publicaron el reportaje a partir de datos obtidos de una fuente no revelada que les habría facilitado el material. Asimismo los periodistas tuvieron el cuidado de no revelar informaciones privadas acerca de los fiscales tampoco las de Moro. Por el contrario publicaron solamente los intercambios de mensajes respecto del proceso judicial en torno de la figura de Lula. Por lo tanto, informaciones de interés público para cualquier ciudadano.
Esta maniobra efectuada por partidarios de Moro y del gobierno descentraron el eje del tenor de las filtraciones para centrarse en la figura de Moro como un heroe nacional y la publicación como una ataque a la patria. Este enfoque que apela a las sensibilidades y a las creencias de la gente es el hilo conductor para la fábrica de fake news que abundan en todo este proceso. Fue también el que permitió la construcción del mito alrededor de la Lava Jato. Esta sería una operación de los buenos contra los malos de la política brasileña corriendo así el espectro político que siempre rondó la acción del magistrados y fiscales.
Moro no es ni un ángel tampoco será un diablo. Es un juez con vocaciones políticas que se ocultó detrás de la toga para promover la visión política de su grupo y proyectarse en el escenario político nacional. En tal sentido, las filtraciones develan de forma cristalina esta faceta de Moro y de su grupo. Por ello, instaura tanta perplejidad en la sociedad. El rey queda desnudo ante sus partidarios así como sus oponentes tienen sobrados argumentos para denunciarlo.
Detrás de Moro, Dallagnol y otros, como Bolsonaro, está una propuesta política de disciplinamiento y subordinación de América Latina a los dictámenes elaborados por otros países. Entienden que políticamente Latinoamerica debe alinearse automáticamente con Estados Unidos así como abandonar cualquier veleidades de construcción de autonomía o de búsqueda por una integración regional propia.
El segundo aspecto, cuando se descentra de la lógica ángel-bandido, es observar la dinámica del sistema político brasileño. La corrupción es un hecho sistémico de su funcionamiento tanto en las relaciones político-partidarias como en las económicas. Sin embargo, para revertir esta situación no se avanza con megas causas mediáticas o de interesés político específico. Al contrario, generando mecanismos públicos y transparentes de combate a la corrupción y fortaleciendo y transpareciendo al Estado para acotar el problema. Por otro lado, la aventura golpista que fue impulsada por ciertos sectores políticos en el país, con la conivencia de los grandes medios de comunicación, aceleró el deterioro institucional erosionó la Constitución Nacional que solo favorece al status quo de la corrupción que la lava Jato dijo venir a combatir.
Por último, la dimensión de la justicia. Es evidente que el poder judicial en Brasil, extensible a otros países de América Latina, no acompañó el proceso de democratización. Permanecieron encerrados en feudos de poder, castas burocráticas que gozan de inmensos privilegios. Estos sectores menos que impartir justicia o garantizar la transparencia de sus actos se enlazan con grupos del poder político y económico para perpetuar sus beneficios. No es ajeno, por lo tanto, que el gran mecanismo de cooperación internacional, en tiempos reciente, promovidos por Estados Unidos haya girado, tanto en México como en Brasil y en otros países de la región, alrededor de la cooperación judicial. Sostienen que son los crimenes que cada vez se transnacionalizan y, por ende, es importante avanzar con mecanismos de este orden entre los países. Sin dudas que sí, no obstante, si en América Latina continuamos con Justicias no participativas y transparentes, estos mecanismos de cooperación funcionarán más como formas de apalancar medidas de intervención para promover el disciplinamiento de los países hacia los intereses de las grandes potencias hegemónicas, de que formas efectivas de cooperación para combatir la criminalidad.
A América Latina le falta una modernización y una democratización de su sistema de justicia. El poder Judicial debe abrirse a la participación ciudadana y promover la transparencia de sus actos. No debemos enterarnos a través de filtraciones acerca de las negociaciones entre los jueces y los fiscales para promover determinadas denuncias en detrimentos de otras en función de los intereses políticos que articulan. El poder ciudadano debe controlar más la Justicia y no quedar librado a que vengan filtraciones para poner de manifiesto como funciona la justicia en nuestros países.