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Los excomandantes de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y quienes hoy conforman un partido político, asistieron a la primera audiencia para responder por los crímenes de una guerra interna de más de 60 años de duración.
Este 13 de julio fue la apertura del caso 001 de los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y compareció Rodrigo Londoño, conocido como ‘alias Timochenko’ en tiempos de guerra.
"Estoy aquí a su disposición, profundamente emocionado de ver cómo ese sueño que tejimos en La Habana se cristaliza", dijo quien fuera el máximo comandante de las FARC y ahora preside su partido político.
También estuvieron presentes Pablo Catatumbo y Carlos Lozada; y por video conferencia asistió el cuarto líder, Jesús Santrich, en prisión acusado por delitos de narcotráfico cometidos tras la firma de los acuerdos de paz.
Otros 31 comandantes de las FARC, que también fueron citados a la audiencia, no asistieron, pero fueron representados por sus abogados.
El tribunal exigió que brinden detalles sobre presuntos secuestros y desapariciones forzadas entre 1993 y 2012, en una audiencia que fue calificada de "evento histórico” por la magistrada del tribunal Julieta Lemaitre, quien agregó que “constituye un paso fundamental en los esfuerzos para poner fin a un conflicto armado".
Pero es mucho lo que hay que reparar. Según el Centro de Memoria Histórica hubo cerca de 40.000 víctimas de secuestro; y las FARC fueron responsables de una gran mayoría.
Aunque este es solo de los puntos pendientes de resolver tras la guerra civil, el gobierno es optimista. El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Rodrigo Rivera, dijo en un comunicado que, "el país nunca volverá a ser el mismo" y aseguró que tener a "los líderes de las FARC ante el tribunal especial es algo que parecía imposible durante 50 años".
La JEP juzgará los casos de violencia durante la guerra
El tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz fue fundado en virtud del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se ejecutará durante al menos 15 años y tiene como objetivo juzgar casos considerados representativos de la violencia de la guerra, todos ellos basados en investigaciones de las autoridades y acusaciones de las víctimas.
Se espera entonces que la JEP sirva como mecanismo para sanar las heridas dejadas por el conflicto y para permitir que las víctimas escuchen la verdad sobre sus seres queridos y que reciban una compensación de los exguerrilleros, incluyendo tierras y propiedades robadas.
Unos 7.000 combatientes de las FARC se desmovilizaron el año pasado y más de 4.600 de ellos ya ofrecieron sus testimonios para en virtud del acuerdo de paz, negociado en la capital cubana, La Habana.
El nuevo gobierno quiere castigos más duros
Según los acuerdos de La Habana, a los condenados por el tribunal de justicia transicional, por delitos como asesinatos, violencia sexual, secuestros y atentados se les puede ordenar que completen sentencias de cinco a ocho años de trabajos restaurativos, como la reconstrucción de carreteras o escuelas.
En caso de que la justicia descubra que los excombatientes mintieron o que no dijeron toda la verdad, podrían recibir sentencias más duras de entre cinco y 20 años en cárceles.
Para el presidente electo Iván Duque, quien reemplazará al presidente Juan Manuel Santos el 7 de agosto, deben buscarse sentencias más severas y ese precisamente fue uno de sus estandartes de campaña. Una de sus promesas fue hacer ajustes a los acuerdos.
Expresó durante la promoción de su programa de gobierno que estaba enojado porque los exguerrilleros recibirán 10 escaños en el Congreso antes de cumplir condenas por cualquier delito.
Fuente: France 24