Tucumán es la única provincia que aún no adhirió a la Ley Micaela, y desde diferentes sectores de la sociedad reclaman la puesta en marcha de la normativa.
La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
"Es inconcebible, por su prolongación en el tiempo, el silencio de la provincia de Tucumán. Solo se puede leer como resistencia porque es la única provincia de Argentina que no se adhirió a la ley", analizó la decana de la Facultad de Derecho de la UNT, Adela Seguí en LV12.
Agregó que "hay posiciones extremas como la que expresó Bussi, que estaría liderando un grupo minúsculo desde la ignorancia. En la base de esto hay ignorancia, no sé si el legislador conoce la Ley Micaela y de que estamos hablamos cuando nos referimos a la desigualdad o discriminación por género. Hablamos de femicidios, violencia contra las mujeres ejercidas de múltiples maneras".
Para Seguí, la situación de violencia sufrida por las mujeres ha sido subestimada. "Entonces como no va ser necesario capacitar a la gente", se preguntó.
"Forma parte de la protección de las mujeres y de las obligaciones del estado nacional y provincial de proteger contra cualquier tipo de discrimnación y violencia", finalizó Adela Seguí.