Días atras, la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a que actualice la distribución de la cantidad de diputados nacionales, ya que advirtió que el número de legisladores se elige de acuerdo al Censo de 1980 y no en base al último registro, realizado en 2010. El tribunal integrado por los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera hizo lugar a una demanda de un votante cordobés que alegó que "por encontrarse desactualizada la cantidad de diputados que se eligen por distrito, el valor de su voto es inferior al de los ciudadanos de otras provincias".
Diego Reynoso, politólogo e investigador del Conicet analizó este fallo, en diálogo con LV 12 Radio Independencia.
“La Cámara lo que manda, básicamente, es decirle a la Cámara de Diputados que desde 1983 no ha tomado en cuenta los censos de 1990, 2000 y 2010, algo que la Constitución manda”, comenzó describiendo. “Es decir actualizar después de cada censo el número de diputados que le corresponde a cada provincia”, añadió.
Reynoso explicó que actualmente está en vigencia un decreto ley de 1983, del último tramo del gobierno de Bignone, donde se asignaba para cada provincia, un diputado cada 161 mil habitantes y fracción de 85 mil. Aquella normativa fijó además, un piso mínimo de 5 diputados por provincia y añadió 3 representantes más a cada distrito electoral. Desde ese momento hasta 1991 la Cámara de Diputados quedaba conformada por 254 miembros. Luego se actualizo a 257, con la provincialización de Tierra del Fuego.
“Evidentemente ha habido cambios demográficos importantes y que necesitan ser tenidos en cuenta a la hora de repartir la representación”, aseveró el especialista.
Dentro de este marco, detalló que a Tucumán, le corresponderían 9 diputados por reparto más los tres extras, o sea un total de 12 representantes.
Reynoso aspira a que se ponga cuanto antes en vigencia esta decisión de la Justicia, "porque reduciría algunas potenciales distorsiones que está teniendo la legislación”.
“Si bien todas las provincias tienen representación, algunas están teniendo mucha menos representación que la cantidad de población que tienen, con lo cual esto genera una distorsión enorme en como las preferencias de los ciudadanos se transforman en puestos de decisión legislativa”, finalizó el politólogo.