De acuerdo con la acusación presentada por el MPF, la imputada habría utilizado una metodología similar en los cuatro casos: se presentaba como empleada o gestora de un estudio jurídico y afirmaba contar con contactos o capacidad para realizar trámites que finalmente nunca concretaba. Según explicó el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de ese modo lograba captar a potenciales clientes y generarles la creencia de que estaban contratando servicios jurídicos.
Los cuatro hechos
En uno de los casos, ocurrido entre 2025 y 2026, habría ofrecido gestionar una autorización ante el IPLA y solucionar multas ante la Dirección General de Rentas para el titular de un comercio. A cambio, recibió sucesivos pagos que superaron los $464.000, sin concretar ninguna de las gestiones prometidas.
En otro hecho, habría asegurado a un hombre que podía iniciar y tramitar un juicio de daños y perjuicios para solucionar una deuda con el Banco Hipotecario. Por esa gestión recibió $505.000, pero el proceso judicial nunca fue iniciado.
El tercer caso tuvo como objetivo la regularización de la situación jurídica de un inmueble de Alderetes. La imputada habría ofrecido iniciar un juicio de prescripción adquisitiva y gestionar la contratación de un agrimensor. Por distintos conceptos recibió $1.025.300, sin realizar posteriormente el trámite comprometido.
Finalmente, en abril de 2026, habría manifestado ser abogada y ofrecido realizar gestiones vinculadas con un boleto de compraventa y documentación ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Por ese trámite recibió una motocicleta y $200.000. La investigación constató que no existía ningún trámite iniciado ante el organismo.
FUENTE: MPF 
