La fiscalía federal de Lomas de Zamora pidió este lunes al juez Juan Pablo Augé el procesamiento de los ex directivos de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por considerarlos responsables del espionaje que se hizo sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en su casa y en el Instituto Patria, y por haber luego dado “apariencia legal” a esos operativos, al justificarlos en una causa para prevenir atentados terroristas que ya existía.
“Sería absurdo concebir que un despliegue de espionaje como este” sobre la ex jefa de Estado se hubiese podido llevar adelante “sin la orden de las autoridades superiores del organismo”, sostuvo el Ministerio Público.
El pedido fue solicitado por los fiscales Santiago Eyherabide, y Cecilia Incardona -recluida por coronavirus- quienes trabajan en la investigación del espionaje ilegal sobre distintos dirigentes políticos, sindicales, periodistas, jueces y organizaciones sociales.
Además de Arribas y Majdalani, también se pidió el procesamiento de Martín Coste, el último director de Contrainteligencia durante el macrismo y quien -en su indagatoria- confirmó cómo se llevaron adelante las maniobras del montaje legal sobre esas vigilancias. También que se dicte fuertes embargos sobre sus bienes y se les prohíba salir del país.
En sus indagatorias, Arribas y Majdalani habían rechazado las acusaciones y aseguraron que fueron observaciones que se hicieron en el marco de una causa legal. También apuntaron contra Coste, como responsable del sector, si es que hubo alguna irregularidad.
Tras escuchar a los acusados y analizar las pruebas, la fiscalía pidió al juez Augé que procese sin prisión preventiva a Arribas, Majdalani y Coste por falsedad ideológica y violación a la ley de inteligencia. En la causa ya estaba procesado Alan Ruiz, el ex responsable de Operaciones Especiales de la AFI. A criterio del Ministerio Publico, los acusados elaboraron, firmaron y utilizaron documentos “ideológicamente falsos” para “eludir su responsabilidad funcional y penal”.
Para el Ministerio Público, no hay dudas de que Arribas y Majdalani “tenían un acabado conocimiento de la inteligencia ilegal aquí investigada” que llevó adelante Alan Ruiz, quien fue advertido -dijeron- de que era ilegal hacer vigilancia sobre la ex presidente. “En su calidad de funcionarios públicos de la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional”, los ex directivos de la AFI llevaron adelante conductas “específicamente prohibidas por la ley”, se afirmó.
Además de solicitar los procesamientos, la fiscalía también rechazó el planteo de nulidad por falta de acción que había solicitado la defensa de Majdalani, que reclamaba el cierre de la investigación, en base al sobreseimiento que le había dictado a ella y a Arribas el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pero la fiscalía sostuvo que, en todo caso, ese sobreseimiento fue sólo por un lapso de tiempo mucho menor al que duraron las vigilancias.
Antecedentes de la investigación
En agosto de 2018, un auto de la AFI fue detectado en la puerta del Instituto Patria. El kirchnerismo denunció ese episodio en Comodoro Py. En aquel momento, la AFI explicó que se estaban haciendo tareas de prevención por la cumbre del G20 en el marco de una causa que tramitaba el juez Federico Villena, de Lomas de Zamora. Con esa explicación, Martínez De Giorgi dictó los sobreseimientos de Arribas y Majdalani.
Sin embargo, en febrero pasado, la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció ante el propio Villena que habría existido un entramado desde la propia AFI para justificar operaciones de vigilancia sobre Cristina Kirchner y presentó documentación. Villena se excusó de intervenir, aunque en su juzgado explotó la causa contra más espiados: no solo la vicepresidenta, sino también distintos políticos del macrismo, junto a periodistas, jueces y gremialistas, entre otros, según las pruebas que se encontraron en los teléfonos de un grupo de espías. A principios de junio, después de una veintena de detenciones e indagatorias, la Cámara Federal de La Plata apartó a Villena y le pasó el expediente a su colega Augé.