Josefina Bidegorry, de la CITED, habló con LV12 y cuestionó los cambios previstos en el Presupuesto y advirtió por el atraso de aranceles y pagos a prestadores.
La Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad (CITED) expresó su preocupación por las modificaciones vinculadas a la Ley de Discapacidad y por el impacto que las medidas nacionales tienen sobre las instituciones y prestadores.
En diálogo con LV12, Josefina Bidegorry, integrante de la CITED, cuestionó la posibilidad de modificar el nomenclador de prestaciones básicas a través de la Ley de Presupuesto.
“La intención con la ley de presupuesto que apareció la semana pasada es modificar con otra ley a través de la ley de presupuesto. Porque el nomenclador de prestaciones básicas está dentro de la Ley 24.901 y esta ley, que es la Ley de Presupuesto, vendría a modificar esa ley, cosa que está prohibido, fuera de norma”.
Sobre la situación del sector, sostuvo: “La preocupación del sector es muy grande porque que desde el principio de este gobierno nacional viene siendo muy golpeado y atacado con demasiados recortes y ajustes que no permiten que el sistema pueda a funcionar de la manera que venía funcionando”.
Bidegorry explicó que las asociaciones y cámaras del sector están analizando una nueva propuesta del Gobierno nacional. “Ayer apareció otra propuesta, en teoría superadora. Estamos analizando, leyendo y consultando a nivel nacional, con todas las asociaciones, agrupaciones y cámaras a nivel nacional y con abogados para ver si realmente sería una ley que supere a la ley de emergencia”.
“La idea, en teoría, del Gobierno nacional es que, en vez de prorrogar la Ley de Emergencia, se apruebe esta ley que están proponiendo”.
La referente recordó que el sector había solicitado extender la Ley Emergencia: “Nosotras, en realidad, veníamos pidiendo la prórroga de la Ley de Emergencia por un año más, que estaba prevista dentro de la ley, pero, analizaremos esta nueva propuesta”.
Sobre el cumplimiento de la Ley de Emergencia, Bidegorry señaló que algunos puntos se aplicaron y otros quedaron pendientes.
“La ley se ha cumplido a medias, hay que ser muy justo en esto. La ley establecía un aumento de aranceles atado al IPC, eso sí se cumplió, pero también la ley establecía una reparación de los aranceles a diciembre del 2023, una recomposición, y esa recomposición no se dio”.
“Con lo cual, los aranceles que se fijan todos los meses al IPC, pero hay un atraso de más del 30% porque la compensación nunca se dio”.
También cuestionó la falta de compensaciones: “Venimos trabajando con aranceles muy desactualizados, lo cual implica enormes cuestiones económicas para quienes trabajamos con discapacidad”.
“Por otro lado, en la ley también se estableció el pago de compensaciones, la realidad es que no hay ninguna institución ni en la provincia ni en el país que la hayan cobrado. Ellos dicen que a partir de octubre empezarían a pagarla, la realidad es que ya ha pasado un año entonces también estamos cobrando, si es que la pagan, con un atraso de un año”.
Bidegorry explicó que el nomenclador garantiza el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad.
“El nomenclador es lo que permite que cualquier persona con certificado único de discapacidad que tenga una obra social nacional, Incluir Salud, PAMI o cualquier prepaga, pueda acceder al mismo tipo de tratamiento o de servicio de calidad”.
Y agregó: “Lo que permite el nomenclador es la universalidad del acceso a las prestaciones básicas de discapacidad”.
Según sostuvo, eliminarlo implicaría que cada familia deba negociar el valor de las prestaciones con las obras sociales.
“Eliminar el nomenclador implicaría que cada prestador, que cada familia, tenga que ir a discutir el precio de una prestación con la obra social o la prepaga”.
Otro de los puntos que genera inquietud en el sector es la posibilidad de establecer la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y un empleo formal.
“Tener en cuenta que la pensión equivale a un 80% de una jubilación. Es imposible pensar que alguien puede vivir con 400 mil pesos, es una locura y realmente la pensión, que en estos momentos se llama por invalidez, es una pensión que justamente está otorgada a una persona con certificado único de discapacidad y que cumple con los requisitos”.
Bidegorry sostuvo además: “Es muy difícil para la persona con discapacidad acceder al empleo formal y pensar que encima le van a quitar la pensión”.
La situación también afecta a las instituciones que brindan las prestaciones.
“No solamente los aranceles están desactualizados, sino que nosotros ni siquiera cobramos a mes vencido. Hoy, 23 de septiembre, estamos esperando que se giren los fondos de junio”.
Bidegorry aseguró que algunas instituciones tuvieron que cerrar servicios.
“Dentro de la cámara hay instituciones que han cerrado, que han cerrado servicios y que, bueno, estamos haciendo malabares para seguir con las puertas abiertas”.
Finalmente, reclamó un cronograma de pagos: “Y este pago que estamos esperando de las compensaciones vienen a cubrir gastos corrientes. Esperamos que tenga solución y le pediría al ministro de Salud que dé un cronograma de pago”.
