La Argentina es el cuarto país de América Latina que registró el mayor aumento de la pobreza en 2020 con la pandemia. En Perú, la pobreza trepó 9,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior; en Ecuador la suba fue de 7,3 puntos y en Colombia, del 6,8. Cuarta en el podio se encuentra la Argentina con un alza de 6,5 puntos porcentuales, dado que en el segundo semestre de 2019 el 35,5% de la población era pobre, mientras que a fines de 2020 el dato fue del 42%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Así se desprende de un análisis que realizó Leopoldo Tornarolli, economista del Cedlas-UNLP. Si se toma el incremento de la pobreza en 2020 sólo en áreas urbanas, que es donde se mide en Argentina, el país se encuentra en el quinto lugar, atrás de Perú (+11,4 pp), Colombia (+10,1 pp), Ecuador (+7,9 pp) y Costa Rica (+5,2 pp). El investigador utiliza datos oficiales a medida que los van difundiendo los países, por eso Brasil y Chile no figuran, dado que aún no los publicaron. Como la metodología es distinta en cada país, no se pueden comparar los niveles de pobreza, y es por ese motivo que Tornarolli comparó los cambios para un mismo país, según aclaró a Ámbito.
Uno de los motivos que explican por qué Perú, Colombia o Ecuador se vieron más impactados que la Argentina es por las medidas implementadas. “El IFE fue una política universal contundente que evitó un impacto mucho más fuerte, en otros países no se implementaron políticas de este estilo, sino que fueron apoyos más focalizados, no masivos”, aseguró a este diario el economista Daniel Kostzer, especialista en políticas públicas.
Otro motivo tiene que ver con la informalidad entre los países: “Un sector informal hace que las políticas dirigidas a trabajadores se vuelvan más limitadas, y la informalidad andina es muy superior a la argentina, porque acá hay herramientas que la reducen, como el monotributo”, agregó Kostzer, quien en los últimos años trabajó en la OIT, Banco Mundial y Naciones Unidas. De todos modos, Kostzer y Tornarolli coinciden que, si bien la Argentina no fue uno de los países que más incrementó la pobreza, el “vaso medio vacío” es que ese aumento ya se había adelantado, dado que se venía registrando desde 2018.
“La Argentina antes del covid ya venía en un proceso de crecimiento de pobreza, influenciado por un cóctel explosivo de mayor inflación con caída del empleo desde 2018”, agregó Kostzer. De hecho, de 15 países de América Latina, 12 países redujeron la pobreza entre 2014 y 2019, mientras que la Argentina está entre los únicos tres (con Ecuador y Brasil) que la aumentó, según el informe “Panorama Social de América Latina” de la Cepal. Chile y Uruguay se encuentran entre los países con las mayores disminuciones. En tanto, Argentina fue el país que más aumentó la pobreza en la región entre 2019 y 2020, seguido por Colombia, Ecuador y Costa Rica.
América Latina fue la región más impactada por el coronavirus: con solo el 8,4% de la población mundial, registró más de un cuarto de todos los muertos del mundo por la enfermedad, según la Cepal. Como consecuencia de la recesión, el PBI cayó en la región 7,7% y la pobreza alcanzó el 33,7% de la población, el dato más alto de los últimos 12 años, según estimaciones del organismo. Así, el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones más que el año anterior. Este empeoramiento en las condiciones sociales ocurrió pese a las medidas implementadas por los gobiernos. Fueron 263 políticas, que alcanzaron al 49,4% de la población, es decir, 326 millones de personas, con un gasto de 86 mil millones de dólares, según la Cepal. El 56% de las medidas fueron transferencias monetarias. Sin estas políticas de protección, la pobreza hubiera alcanzado el 37,2% de la población en la región.
“No se puede armar una construcción comunitaria por Zoom, como si hacíamos en el plan Jefes y Jefas, o juntar 20 mujeres a tejer, por las limitaciones del covid”, explicó. Y, como segundo desafío, agregó que el desarrollo de estos programas requiere de una administración sofisticada, preparación, capacitación y monitoreo, que necesitan de una estructura entre el Estado, los municipios y las organizaciones sociales.