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Bioetanol: empresarios piden al Gobierno un plan de desarrollo sostenible

Ante la propuesta de modificación de la ley de biocombustibles, presentaron un plan para fomentar el desarrollo sostenible y la competencia en el rubro.

En respuesta al proyecto de modificación de la ley de biocombustibles presentado por el Ejecutivo, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz han presentado una propuesta al Gobierno destinada a promover el desarrollo sostenible y la competencia en el sector del bioetanol.

En un comunicado conjunto, ambas entidades expresaron su preocupación por los inconvenientes que perciben en el proyecto de ley gubernamental, abogando por un diálogo abierto que incluya mayores niveles de valor agregado federal, sustentabilidad y desarrollo, en un contexto de mayor competencia y desregulación.

Destacaron la importancia de respetar las condiciones actuales de producción y comercialización para aquellos que invirtieron bajo el régimen actual, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad jurídica como un requisito fundamental para el desarrollo económico del país.

"Es con este espíritu constructivo que realizaremos todas las contribuciones necesarias para que las revisiones que se realicen al proyecto de ley de bioetanol redunden en progresos ciertos para la producción, el medio ambiente y el entramado socioeconómico de la Argentina", expresaron en el comunicado.

La propuesta del sector privado busca una Convergencia Técnica con el Mercosur, proponiendo llevar el contenido mandatorio de bioetanol de producción nacional a un rango de entre el 18% y el 27%. Además, se promueven mecanismos de competencia abierta tanto en volumen como en precio, con la habilitación de un mercado libre de bioetanol para cortes superiores al 27%.

En la actualidad, el sector bioenergético argentino cuenta con veinte plantas elaboradoras de bioetanol de caña de azúcar y maíz, distribuidas en siete provincias, resultado de una inversión que supera los 1.000 millones de dólares. Estas instalaciones se desarrollaron en el marco de normativas que incentivaron el uso de bioetanol para reducir emisiones en el transporte vehicular, agregar valor a las materias primas y avanzar hacia una mayor soberanía energética.

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