"No vamos a permitir que nuestra gente no tenga donde estar enterrada", señaló ante los medios en la ciudad boliviana de Cochabamba.
Esta ciudad, una de las mayores de Bolivia con más de 600.000 habitantes, reporta desde hace semanas casos de familias que tienen que esperar durante días en sus casas con el cuerpo de un fallecido por el nuevo coronavirus, ante la saturación del cementerio municipal para poder enterrarlo o incinerarlo.
Estas y otras de las principales ciudades bolivianas como La Paz y El Alto reportan centros sanitarios desbordados para atender un número creciente de enfermos por el nuevo coronavirus.
El ministro interino indicó que el Gobierno transitorio del país se ve obligado a intervenir en la sanidad privada ante la situación por la COVID-19, sin ánimo de "quitar nada a nadie", sino pagando "un precio justo".
"No se aprovechen de la gente", comentó, pues "tienen todo el derecho de ganar, pero no de robar", por lo que avanzó que habrá procesos penales y cierres de farmacias si se detectan sobreprecios.
Bolivia reporta 48.187 casos confirmados de COVID-19 y 1.807 decesos, en un país de unos once millones de habitantes, con unas cifras que según distintos estudios lo sitúan entre los más afectados por la pandemia en el mundo en comparación con su población y por la tasa de fallecidos respecto a los positivos de la enfermedad.