Una fuerte polémica desató un proyecto de ley que plantea la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria a mujeres en situación de calle y bajo control judicial en Bolivia, lo que generó el rechazo de organizaciones de derechos humanos que advirtieron que la medida es “racista, clasista y una suerte de limpieza étnica” porque apuntaría a mujeres indígenas en pobreza extrema.
La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad, una alianza opositora de centro. Según el legislador, busca favorecer la reinserción social de las personas en situación de calle y abordar especialmente el caso de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva deberá contar con el consentimiento libre, previo e informado de la persona, pero contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización pueda convertirse en obligatoria y realizarse bajo control judicial.
Rodríguez justificó su propuesta por la situación que, según dijo, observa entre mujeres y niños que viven en las calles y están expuestos al consumo de sustancias.
“La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida”, dijo Rodríguez. “Primero se verá la historia clínica de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, será una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, explicó el parlamentario.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron “su más profundo rechazo y preocupación” por la iniciativa del diputado. “La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, señala el comunicado.