El interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante, se presentaron el martes en el fuero penal para ratificar la denuncia. En el documento dice que el objetivo habría sido obtener un beneficio económico millonario de forma ilegal, en perjuicio directo del patrimonio del Estado provincial.
Este jueves, Norry habló con los medios de prensa y dio detalles de la situación. "Creemos que ante el inminente daño patrimonial de la provincia, esta intervención, siguiendo la sintonía del Gobierno de la provincia, va a cuidar el patrimonio de los tucumanos, cuidar la confianza de quienes trabajan con y en la Caja. Por eso, hemos decidido formalizar la denuncia penal para que se investigue hasta las últimas consecuencias las causales por las cuales el jugador Arregui tiene esta pretensión".
El origen del conflicto
En 2019, cuando Arregui era jugador del club de La Ciudadela, sufrió un golpe en su ojo derecho durante un partido frente a Belgrano de Córdoba. Posteriormente, Arregui recibió el alta médica en menos de 10 días y volvió a jugar apenas 14 días después, ante Lanús. "Por esta incapacidad hace cargo a la CPA por daños y perjuicios, en virtud, supuestamente, que la Caja había asegurado a los jugadores de San Martín. Nosotros rechazamos esto y por el contrario, hacemos la denuncia porque entendemos que esto no podría haber progresado sin la connivencia de varios factores".
En este marco, Bustamante explicó que los futbolistas tienen un contrato calificado por la AFA como civil, no laboral. "No hay una dependencia laboral porque lo denominan como autónomo. Arregui nunca estuvo vinculado a la Caja y la Caja no tiene por qué pagarle ninguna indemnización".
Antes de finalizar, Norry remarcó que Arregui "no tiene póliza con la Caja Popular y San Martín nos informó que no tiene ningún jugador asegurado en ART, entonces podría configurar en una asociación ilícita", cerró.