El quórum de 129 presentes se alcanzó con 95 diputados de La Libertad Avanza, 20 del interbloque Fuerza del Cambio (10 Pro, 6 UCR, 2 MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), 7 integrantes de Innovación Federal (salteños y misioneros), 3 tucumanos del bloque Independencia, 3 catamarqueños del bloque Elijo Catamarca y la exlibertaria Lourdes Arrieta, la única del interbloque Unidos en ingresar para aportar al inicio de la sesión. El massista Ramiro Gutiérrez, miembro de Unión por la Patria, amagó con dar quórum pero finalmente no se sentó.
Los proyectos presentados se debatieron durante 2024 y la primera parte de 2025, pero finalmente el dictamen no se trató por falta de votos. Ahora, con la nueva composición, y a raíz de un nuevo caso mediático como el de Jeremías Monzón, el Gobierno retomó el tema y a fines de enero lo incluyó en la agenda de extraordinarias. La mamá del joven asesinado por un grupo de menores se hizo presente en el Congreso este jueves.
A la hora de la votación, la iniciativa del Gobierno nacional recibió 149 votos a favor y hubo 149 votos en contra.
El "corazón" del proyecto es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a 14 años. El Gobierno proponía 13, pero los consensos cerraron en 14.
La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podrían aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes se fijó en 15 años, aunque originalmente el Poder Ejecutivo proponía 20.
El proyecto también menciona la figura del "supervisor"; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos.
Por otra parte, el temario incluye el proyecto que busca la aprobación del Acuerdo Mercosur - Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay. Previamente tuvo dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.
En los argumentos de la iniciativa enviada, el Gobierno destacó que el acuerdo tiene como objetivo "establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico".
A causa de este tratado, "Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial", resaltó el Poder Ejecutivo y agregó que "se obtiene acceso a uno de los mayores mercados del mundo" ya que "la UE es un mercado de más de 450.000.000 de personas, por lo que el Acuerdo referido generará un enorme impulso a las exportaciones de bienes y servicios".
