De acuerdo a la acusación sostenida por el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, los hechos comenzaron a gestarse a mediados de diciembre de 2024. El acusado, aprovechándose del vínculo de confianza que lo unía al damnificado por relaciones familiares, le ofreció en venta una camioneta Renault Duster. El imputado se presentó falsamente como intermediario habilitado para llevar adelante la operación y para tramitarle un crédito prendario ante el Banco Santander. Con el fin de generar la convicción de una operación legítima e inminente, el imputado trasladó el rodado hasta su domicilio y le permitió a la víctima conducirlo a modo de prueba. Acto seguido, le requirió el pago de una seña de $1.000.000 mediante una transferencia a la cuenta de su esposa. Pese a que la verdadera titular de la camioneta nunca lo había autorizado a pactar condiciones de venta ni a percibir dinero en su nombre, la víctima, inducida al error por todo el montaje, realizó la transferencia el 27 de diciembre de 2024.
Ese mismo día, ya con el dinero depositado, el estafador confeccionó un recibo apócrifo por el millón de pesos. En el documento hizo figurar como otorgante a la verdadera dueña del vehículo, insertando un número de DNI que no le pertenecía y falsificando su firma. El comprobante fue remitido al comprador por WhatsApp (sin entregar jamás el original), reforzando así la falsa creencia de que la operación contaba con el aval correspondiente.
El engaño continuó el 30 de diciembre, cuando el encartado, le informó a la víctima que los gastos bancarios para el crédito y la transferencia ascendían a $829.140. De este modo, lo indujo a transferir otros $400.000 en concepto de adelanto a la misma cuenta, por trámites que, de hecho, nunca se iniciaron en la entidad crediticia.
Finalmente, entre enero y marzo de 2025, ante los reiterados reclamos del comprador, el imputado lo mantuvo con respuestas evasivas y sucesivas excusas sobre el estado del trámite bancario, la verificación técnica y la disponibilidad de la titular. Llegó incluso a aducir falsamente que el dinero le había sido entregado a la dueña y que esta se negaba a devolverlo. Toda esta maniobra le causó a la víctima un perjuicio patrimonial total de $1.400.000 en beneficio del acusado.
