Ingrid Manfred, secretaria de la Junta Interna de ATE en Capital Humano, expresó su preocupación por la situación que atraviesan 800 trabajadores.
El lunes, 800 trabajadores del ministerio de Capital Humano quedaron despedidos. Son empleados de su planta permanente, con entre quince y treinta años de experiencia en la gestión pública y que, en su mayoría, pertenecen a la Secretaría de Niñez y Familia.
En febrero de este año, a estas personas con décadas de tarea en lo social y alta capacitación no las dejaron volver a entrar a sus lugares de trabajo: la ministra Sandra Pettovello les comunicó con un mail que habían sido pasados a disponibilidad, en aplicación de la Ley Bases, que habilitó al gobierno de Milei a prescindir de trabajadores del Estado, terminando con la estabilidad en el empleo público. Desde entonces, aunque a los prescindidos les indicaron "mantenerse accesibles en su horario laboral", transcurrieron seis meses sin que los convocaran a formarse para cumplir otras funciones ni los reubicaran en nuevos puestos.
"Los trabajadores del exministerio de Desarrollo Social, recibimos un nuevo golpe luego de varias y reiteradas olas de despidos. Esta nueva embestida tiene que ver con el ataque directo a la planta permanente del Estado", expuso en LV12, Ingrid Manfred, secretaria de la Junta Interna de ATE en Capital Humano.
En este sentido, agregó que en anteriores despidos fueron afectados monotributistas y trabajadores en planta transitoria. "Esta vez, a partir de la aprobación de la Ley Bases, se habilitó la existencia de un registro de disponibilidad de 800 compañeros del exministerio de Desarrollo Social, que estuvieron esperando durante meses la reubicación".
Para Manfred, "no solamente son trabajadores que se quedan sin empleo, sino también la pérdida de una capacidad estatal que costó muchísimo: acceder a un cargo de planta permanente del Estado no es algo a dedo, sino un concurso donde dieron cuenta de sus conocimientos y formación profesional. Hoy se quedan en la calle".
Antes de concluir, aseguró que "a partir del 10 de diciembre del 2023, más de 50.000 trabajadores estatales se quedaron en la calle. La ley Bases todavía vigente, ha habilitado no solamente a despedir trabajadores de planta transitoria, sino también avanzar con el desarme de la planta permanente del Estado".
