Con la presencia de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Erica Brunotto, quien fue invitada por el Tribunal a exponer sobre el funcionamiento del Programa de Protección de Testigos en Tucumán, se realizó una nueva audiencia del juicio oral y público de la causa Paulina Lebbos.
El 28 de febrero, los fiscales Diego López Ávila y Carlos Saltor habían requerido a la Sala III medidas de protección para las testigos Macarena Bordato y Magdalena Karina Cruz. El Tribunal, integrado por Dante Ibáñez (presidente actual), Rafael Mocoritto y Carlos Caramuti, hizo lugar luego a esta presentación y ordenó que ambas personas ingresaran al Programa de Protección de Testigos. Después de cuatro meses, el otro representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Carlos Sale, realizó nuevos planteos marcando las deficiencias en la aplicación del programa en el caso de Cruz, en particular.
El Tribunal había citado a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, luego de conocer el informe del fiscal de Cámara Sale, el que se advertía que la testigo “estaba en riesgo” debido a su situación. Así, la funcionaria se presentó ayer ante los vocales.
Brunotto respondió a los jueces que Cruz contaba ya con custodia de la Policía. El plan provincial contempla, además, una cobertura laboral, sea la designación de un puesto de trabajo o el beneficio de los planes sociales estatales.
Según la Ley de Protección de Testigos, sancionada en 2006 por la Legislatura y reglamentada en 2016, esa cobertura debe extenderse hasta el fin del juicio de la causa.
Foto de Jorge Olmos Sgrosso