Según Casal, la pena a la titular del PJ debería pasar de los seis años de prisión de la condena vigente por administración fraudulenta, a una pena que tiene un máximo de 12 años e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El procurador apoyó la postura del fiscal de Casación Mario Villar. Ahora, la Corte Suprema estaría en condiciones de resolver, aunque no tiene plazos. El dictamen de Casal no es vinculante, es decir, no es obligatorio para el alto tribunal.
El 5 de mayo, en el marco de la misma causa, Cristina había recusado al juez Ricardo Lorenzetti tras sus declaraciones sobre Ariel Lijo. Aseguró que los dichos del juez del máximo tribunal "no hacen más que confirmar las veladas amenazas 'en off'". Según CFK, el magistrado pretende dejarla "fuera del proceso electoral inminente".
La exmandataria agregó que "en ese mismo sentido, son de público y notorio todas las circunstancias que rodearon la nominación de dicho magistrado como nuevo miembro de la Corte, y el rol de Lorenzetti en ese proceso. Estos hechos fueron denunciados por una Senadora Nacional en la sesión pública y no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje".
"Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos", concluyó.
