El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha presentado un informe detallado sobre la reciente decisión del Gobierno de oficializar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria a través de un decreto sin pasar por el Congreso.
Según el análisis del CEPA, la modificación propuesta por el gobierno implica una consolidación de la brutal pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, que difícilmente puedan recuperarse en el futuro. Desde el segundo semestre de 2023 hasta principios de 2024, la inflación en Argentina ha llevado las jubilaciones a perder casi la mitad de su valor respecto al inicio de 2023. Aunque las actualizaciones recientes en base a la inflación de febrero, sumadas a los incrementos de abril, ofrecen una leve recuperación, esta apenas compensa una pequeña fracción de lo perdido.
El decreto gubernamental establece una actualización por inflación con un rezago de dos meses a partir de julio, aplicando la inflación de mayo como referencia. Sin embargo, es importante destacar que esta base de actualización no incluye el bono, lo que agrava aún más la situación para los jubilados.
Entre abril y julio, se presentan diversos aumentos que, si bien intentan paliar la situación, resultan insuficientes. Además, el CEPA estima que estas actualizaciones son significativamente menores comparadas con la pérdida real del poder adquisitivo de los jubilados.
¿Qué sucede con el bono?
En cuanto al bono anunciado por el gobierno, inicialmente se generó confusión respecto a su implementación, ya que el decreto sugería un monto máximo de $70 mil en abril, pero con un límite inferior definido en otro artículo. Esta discrepancia causó incertidumbre sobre el valor real del bono y su evolución en los meses siguientes. Ante esta situación, el gobierno anunció una corrección para mantener el bono en $70 mil, aunque esto podría implicar que los incrementos para los jubilados con bono sean menores que para el resto.
En resumen, el análisis d argentinos. La falta de inclusión del bono en la actualización y las discrepancias en su implementación añaden incertidumbre y preocupación sobre el futuro económico de quienes dependen de estas prestaciones.