Luego de la masiva marcha de la CGT en contra del DNU de Milei frente a Tribunales se registran fuertes incidentes en la desconcentración: la Policía se llevó detenido al menos cuatro personas. Cientos de efectivos realizan un doble cordón humano con escudos sobre la avenida Corrientes para interrumpir que manifestantes corten el tránsito.
La movilización fue convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y se sumaron la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), movimientos sociales y las organizaciones piqueteras frente a la Palacio de Justicia en la Plaza Lavalle. Hector Daer y Pablo Moyano advirtieron que se tomarán medidas si prospera el Decreto del Presidente.
En los primeros minutos luego de que finalice el acto y se leyera un documento en rechazo rechazo al megadecreto que desregula la economía, las Fuerzas de Seguridad aplican el protocolo antipiquetes sobre la avenida Corrientes y se enfrentan con los manifestantes.
"Ahí vemos como la policía con sus escudos arman todo un cordón dispersando a los manifestantes, siguen empujando y avanzando sobre la avenida Corrientes", describió desde el lugar el periodista de C5N, Alejandro Moreira.
La Policía avanza sobre todo el ancho de la avenida Corrientes interrumpiendo de manera total el tránsito y amedrentando a la gente camina por el lugar y se desconcentraba luego de la manifestación
"Ya hasta la zona del Obelisco están formados los policías. La intención por lo que creo es que la gente que está en la vereda y viene de la marcha, desconcentre", agregó desde otro punto del lugar la periodista de C5N, Daniela Gian.
El documento de la CGT y las dos CTA contra el DNU: "No somos la casta, somos los trabajadores"
El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte.
Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales.
El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado.
No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral.
Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.
El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.
Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía.
Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia.
No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.
Por último, reiteramos que una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos.
Ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías.
Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República.
No se confunda señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores.
Ciudad de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023.