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Chile: evalúan el pedido de juicio político a Piñera

Cinco diputados de Chile iniciaron el estudio de la acusación por la venta de la minera Dominga, firmada por la familia Piñera y un amigo suyo.

Los cinco diputados que estudian la acusación constitucional en contra del presidente de Chile Sebastián Piñera por la venta de la compañía minera Dominga iniciaron hoy el análisis del libelo. El mandatario, quien no asistirá a las audiencias, estuvo representado por su abogado Jorge Gálvez, quien posiblemente expondrá los descargos en una sesión de la próxima semana o al término del plazo, dentro de 15 días.

Los diputados de Chile escucharon hoy los argumentos de los abogados ambientalistas Llankiray Díaz, Ezio Costa y Dominique Hervé y del expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. La Comisión Revisora es integrada por Maya Fernández, socialista, quien la preside; Florcita Alarcón, humanista, ambos opositores, Pepe Auth, independiente, y las oficialistas Paulina Núñez y Virginia Troncoso. Esta Comisión deberá emitir un informe con una conclusión no vinculante que luego revisará la sala con todos los diputados de Chile.

Los diputados expositores abordaron la definición de un área protegida marítima, la relación de Chile con el tratado de Escazú, la cronología del caso de la minera Dominga y el principio de probidad y su eventual trasgresión, entre otros temas. La acusación fue presentada el pasado 13 de octubre en la Cámara de Diputados y es impulsada por parlamentarios opositores que denuncian un conflicto de interés del mandatario y la compraventa de Dominga por parte de la familia Piñera Morel, por un lado, y el empresario Carlos Délano, amigo íntimo del presidente, por otro.

El documento de 99 páginas fue presentado luego que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló una millonaria compraventa de la minera Dominga concretada en las Islas Vírgenes Británicas. Según el reportaje, la tercera cuota a pagar estaba condicionada a que el sector donde se emplaza no se declarara zona de exclusión y reserva, lo que sería avalado por la actuación de Piñera desde la presidencia de Chile.

Tras conocerse esos antecedentes, la oposición presentó la acusación constitucional y el Ministerio Público chileno abrió de oficio una investigación.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien ordenó la apertura, se excusó hoy por escrito de no asistir a la primera sesión de la Comisión. Se le había citado para que explicara por qué hay elementos de prueba que faltaron en la carpeta investigativa de 2017, y cómo eso pudo determinar entonces el sobreseimiento de Piñera.

Abbott señaló que "dado que la mencionada investigación se encuentra a cargo de una Fiscal Regional quien actúa autónomamente en uso de sus atribuciones, no resulta procedente que este Fiscal Nacional pudiera referirse a tales antecedentes, teniendo en consideración además, que le está impedido a este Fiscal Nacional impartir instrucciones particulares en un caso concreto".

Abbot sí envió a la Comisión los antecedentes para iniciar la indagatoria, entre ellos una copia del informe de la Unidad Especializada Anticorrupción.

Ante la ausencia del Fiscal nacional, el diputado Auth propuso enviarle un cuestionario escrito.

Los integrantes de la Comisión ya citaron a los exministros de Medio Ambiente y a la actual titular de ese cargo, Carolina Schmidt. También a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y exfuncionarios de la entidad que recauda los tributos en Chile.

La diputada Fernández anticipó que se invitará a la Comisión al subsecretario de economía, Julio Pertuzé, para que explique cuáles son los criterios con que se priorizan los proyectos mineros. "Necesitamos saber cómo funciona, cómo se prioriza y cómo se deciden estos grandes proyectos, porque lo que tenemos hasta ahora es que hay una priorización de proyectos, pero no sabemos cuáles son los criterios y no hemos podido tener esos antecedentes", expresó la parlamentaria.

Posteriormente se invitará a representantes de organizaciones medioambientales como GreenPeace y Nat Geo, agregó.

El ministro de la presidencia, Juan José Ossa, calificó la acusación como una acción "con fines que son completamente antidemocráticos" y que por ello la oposición quiere definirla antes de la elección presidencial del 21 de noviembre próximo. "Hemos dicho también que lo que se busca no es solo acusar al presidente Piñera, sino evitar un traspaso democrático del mando presidencial (en marzo del 2022) como aquellos que siempre nos han caracterizado", aseveró Ossa.

Tras recibir la respuesta con los argumentos de la defensa de Piñera, la Comisión votará si aprueba o no el libelo. Cualquiera sea ese resultado, deberá ser votada en la Cámara de Diputados.

De ser aprobada, pasará al Senado que actúa como ente definitorio y por dos tercios puede aprobar la destitución del mandatario quien se vería obligado a dejar el cargo y quedaría inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

FUENTE: ambito

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