"Estamos plenamente preocupados por la grave alteración del orden público y la seria amenaza a la seguridad ciudadana que generan los violentos atentados a manos de bandas criminales que han sucedido en esta zona del país", indicó el mandatario conservador.
El objetivo de la medida es que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a la policía "para poder enfrentar con mejores herramientas el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado que afecta a estas regiones".
El decreto, que está vigente desde el 12 de octubre, abarca la militarización en las regiones de Biobío y La Araucanía. El pasado 26 de octubre, Piñera anunció una prórroga que culminará el 11 de noviembre.
El sur de la Patagonia chilena ha experimentado una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortas de rutas, huelgas de hambre y tiroteos. Estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno, que reclama las tierras que habitaron hace siglos.
Según Piñera, durante la vigencia de sus primeros 14 días, el Estado de Excepción de Emergencia ha significado la reducción de ataques incendiarios y hechos de violencia en la zona, gracias a los patrullajes y puntos de control, en los que las autoridades aprehendieron a personas con órdenes detención pendientes.
La medida fue criticada por organizaciones indígenas y por la oposición, que sostiene que la medida es una forma de tensionar la situación.
El martes, un grupo de encapuchados descarrilaron un tren e incendiaron los vagones y la locomotora de carga en Victoria, La Araucanía.