El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, pidió este viernes 'unir fuerzas' contra la violencia luego de que la noche del jueves un grupo de personas intentaran incendiar una estación de metro de la capital que permanece cerrada por los ataques que sufrió al inicio del estallido.
'Llegó la hora de unir nuestras fuerzas, sin ninguna ambigüedad, en contra de la violencia y en favor de la paz', indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
El ataque tuvo lugar en la estación Los Quillayes, que se ubica en la comuna La Florida, al sur de la capital, y se encuentra cerrada desde octubre, ya que fue una de las más afectadas por la ola de protestas.
Según la empresa gubernamental que gestiona el suburbano, los atacantes se colaron en la estación y prendieron fuego a las boleterías, donde había amontonado material para la reconstrucción de las instalaciones, que previsiblemente iban a abrir sus puertas de nuevo en el último trimestre del año.
El incendió provocó la interrupción del tráfico en parte de la línea 4, pero fue finalmente controlado por los bomberos.
La crisis social que vive Chile, la más grave desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), estalló el pasado 18 de octubre cuando se dieron en Santiago enfrentamientos, incendios y ataques al metro en protesta por el alza del precio de los boletos.
Según la administración del suburbano, de las 136 estaciones de la capital, 25 fueron incendiadas totalmente ese día y 18 de forma parcial. Solo 18 estaciones salieron ilesas y la compañía calcula que los daños en toda la red ascienden a 376 millones de dólares.
El metro, agregó Piñera en la misma red social, es 'la columna vertebral del sistema de transporte público y moviliza casi 3 millones de pasajeros diarios'.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado al menos una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos por violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas de seguridad por parte de la ONU o Amnistía Internacional.