La pena para el primero es de tres años de prisión de ejecución condicional. En tanto para el segundo correspondió la pena de dos años (también condicional). Asimismo, se dispuso para ambos la inhabilitación absoluta y perpetua. A su vez, Juárez deberá realizar una reparación económica de $2.000.000.
Siguiendo instrucciones de la titular de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, el auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, fue el encargado de recordar la calificación (delito de peculado de uso y de servicio en concurso real con el delito de abuso de autoridad) y oralizar las pruebas que se tuvieron en cuenta para condenarlos. A estos dos se sumaron la cabo, Ivana Janeth Velardez, y la sargento ayudante, Gladys Beatriz Paz, quienes recibieron la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública.
“En cuanto a los imputados Juárez y Nasser debo destacar que ambos se desempeñaban como jefes de la URN y de la División de Infantería, respectivamente, y como tales tenían a su cargo empleados policiales, móviles y, en el caso de Juárez, los de diversas comisarías. Su responsabilidad resulta superior al resto de los imputados por haberse valido de su rango y funciones para lograr la finalidad delictiva. Si bien Velardez y Paz tenían un cargo inferior, cumplían un rol fundamental al ser las secretarias personales de los jefes de la URN. Esto les permitía poder utilizar al personal con total discrecionalidad, independientemente de su rango”, indicó el representante del Ministerio Fiscal.
Es importante mencionar que, según el departamento personal de la policía de Tucumán, Juárez dejó de pertenecer a fuerza policial al haberse dispuesto su baja de jerarquía y cargo lo que implica que ya no detenta su cargo anterior y que tampoco recibe ningún tipo de remuneración de parte del Estado. En el caso de Nasser fue pasado a situación de revista en disponibilidad.
Según la acusación, durante los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025, Beltrán dispuso el traslado de cuatro detenidos desde la Comisaría de Chuscha y la Comisaría de Choromoro hacia las dependencias de la Unidad Regional Norte (URN). En tales circunstancias, Sergio Marcelo Juárez, segundo jefe de la UNR, prestó una colaboración necesaria, autorizando y organizando las salidas de dos empleados policiales junto a los presos hacia la casa de Beltrán en El Cadillal para que realizaran tareas de albañilería, pintura y herrería en la propiedad
