En medio de un conflicto por la falta de actualización de los valores que cobran los servicios de medicina privada la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) sacudió el tablero y anunció a partir del 1° de enero, los prestadores de salud (hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etc.) cobrarán un copago de 9% del valor de cada prestación médica a los pacientes de empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección, como consecuencia de la crítica situación financiera del sector.
El Dr. Osvaldo Bassano, director de Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, dialogó telefónicamente con LV12 Radio Independencia para referirse a este tema. "Al final del día de ayer se presentó en el Ministerio de Salud, una nota firmada por más de 25 asociaciones del registro nacional donde se pedía información sobre esta manifestación ilegal de esta organización y aparte se pedía sanciones para quiénes lo cobraran", comenzó diciendo.
Por otro lado, el profesional se detuvo a aclarar algunos puntos de este escrito firmado. "Primero, hay una normativa que sacó el Ministerio de Salud para todo el país dónde se establece la aplicación de que pueden incrementar hasta 9% mensual las medicinas prepagas registradas y ese incremento es hasta el mes de enero de 2022. Eso sumaría más de un 74% de incremento anual", señaló. Y agregó: "A estas medicinas prepagas se les debería clausurar el establecimiento porque no está autorizado por la ley este copago".
"Una vez pagado, le deben dar un recibo que automáticamente deberá presentar ante la medicina prepaga y le deben reintegrar con los intereses del caso y hasta puede pedir el daño punitivo. Es decir que le apliquen una multa al prestador y a la medicina prepaga. Estamos hablando de un acto ilegítimo", enfatizó.
Por último, Bassano dijo que "estamos frente a un sistema que no funciona. Son entidades financieras que evaden, hacen inversiones en canales de televisión, compran acciones inmobiliarias, evaden divisas del país. Entonces este sistema no sirve porque estamos enriqueciendo a corporaciones financieras pero no prestamos salud a los consumidores y más en una pandemia en donde tenemos más de 20.000 contagiados diarios y más de 100 mil muertos. Creemos que es hora o se encajonan a lo que dice la ley o vamos a tener que pensar en la disolución de estas empresas como se hizo con las AFJP. Es hora de que la salud no tenga un costo, sino una solución".