La estrategia está a cargo de los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. La condena a seis años de prisión, que Kirchner cumple bajo arresto domiciliario, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.
En una adenda presentada ante el organismo, los letrados detallaron tres hechos que consideran relevantes para el reclamo: presuntos actos de intimidación, nuevos elementos sobre el destino de los recursos del fideicomiso vial y la difusión de imágenes privadas de la expresidenta.
La defensa apunta a que el planteo sea examinado durante la próxima sesión del Comité. "Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité", confirmó Valim a Reuters.
"Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité", agregó el abogado brasileño, quien también integró el equipo que impulsó la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante ese organismo internacional.
El Comité tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Sus pronunciamientos no son vinculantes, aunque pueden tener impacto político e institucional y ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.
Valim expresó su confianza en que el organismo respalde el reclamo: "Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo".
Qué dice el informe sobre los fondos de Vialidad
Uno de los ejes de la presentación es un informe contable y auditor de Specs Consultoría, cuyos resultados Beraldi había expuesto en una conferencia de prensa en septiembre. La defensa sostiene que sus conclusiones contradicen una de las premisas de la condena.
El planteo se concentra en los recursos del fideicomiso vial SISVIAL, identificado como Fuente 14, y en el Decreto 54/2009, firmado por la entonces presidenta. Según la adenda, la sentencia sostuvo que esa norma permitió utilizar fondos para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez.
Los abogados señalaron que durante el proceso habían solicitado pruebas sobre el destino efectivo de esos recursos, pero que su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales.
De acuerdo con la presentación, en agosto de 2026, un funcionario auditor convocado por la Fiscalía en la causa Cuadernos aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó la pericia a Specs.
Según el informe, solo 17 de las 51 obras de la causa Vialidad fueron financiadas con esa fuente. De los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras.
Además, de aproximadamente u$s2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió u$s18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total. La adenda sostiene que Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias y que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., vinculada a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
"El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos. Y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez", había explicado Beraldi.
"Cuando vimos eso, iniciamos una investigación. Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso", sostuvo el abogado.
