En diálogo con CNN Radio Tucumán, el abogado Matías Cremonte, comentó que en el último tiempo se están llevando a la consulta jurídica muchos casos de despidos: "No solo de despidos individuales, sino cierre de empresas o reducciones masivas de personal y sobre todo aquellos casos donde en función de ser una situación con fundamento de una fuerza mayor o una crisis económica, la indemnización por despido que muchas empresas intentan pagar, se ve reducida y no es la indemnización que corresponde por despido, así que por diversas situaciones hay mucha consulta".
Respecto a cuál es el momento indicado para realizar la consulta o si es posible prevenir esta situación: "Si se puede consultar frente a situaciones de suspensión porque a veces las suspensiones o casi siempre conllevan el cobro de un salario inferior al que corresponde por trabajar y eso depende un acuerdo que debe firmar si o si el sindicato y a veces no se hace de la manera que legalmente corresponde".
Y continuó: "Entonces, es el momento de consultar para saber si cuando está la suspensión o el adelantamiento de vacaciones le están pagando al personal suspendido lo que corresponde".
"Después, el sindicato tiene un papel muy importante tanto en las suspensiones como en los despidos masivos, el trabajador o la trabajadora afectada, si que hay actividad sindical en ese lugar siempre es aconsejable acercarse al delegado o a la representación sindical para tener conocimiento realmente de la situación en la que está la empresa porque el sindicato tiene derecho a acceder a esa información y después si lo que está haciendo la empresa es realmente sustentable o hay algún tipo de abuso o desconocimiento de algún derecho", añadió.
Despidos en el sector público y privado
"Hay muchos casos en el sector público, las estadísticas hablan de 50 mil despidos desde diciembre de 2023 hasta hora por supuesto, ahí están incluidos las personas que por deterioro de las condiciones de trabajo en el Estado Nacional se han ido en busca de otro trabajo, pero la mayoría son despidos", explicó el entrevistado.
Y continuó: "Ahí hubo un momento de mucha consulta porque la persona que trabaja para el Estado está más desprotegida, me refiero sobre todo a los contratados porque a veces es gente que está trabajando hace 10 o 15 años y un día le dicen tu contrato venció, no te lo renuevo y ni siquiera le pagan una indemnización por despido".
"Eso hace que los juicios laborales duren a veces 6, 7 u 8 años y que la persona despedida se vea empujada a aceptar un acuerdo mucho menor al que realmente le corresponde por indemnización por despido, pero empujada por la necesidad de tener algo de dinero porque es gente que se quedó sin ingreso, renunciando así a los derechos que le corresponden, ahí hay un segundo problema que realmente precariza aun más la situación del despido", finalizó.