La investigación preliminar es por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho", precisó el Ministerio Público.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Escalada de tensiones tras la investidura de Alberto Otárola como primer ministro
En medio del caos que vive Perú, el Congreso ha otorgado su voto de confianza a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros para el gobierno de Dina Boluarte. El Legislativo respaldó la confianza al gabinete por 73 votos a favor, 43 votos en contra y 6 abstenciones.
Otárola, quien se desempeñó como ministro de Defensa en el primer gabinete de Boluarte, asumió como primer ministro el 21 de diciembre pasado, en reemplazo de Pedro Ángulo, quien fue destituido por la mandataria tras permanecer 11 días en el cargo.
Su investidura era un proceso parlamentario obligatorio tras la toma de poder de la presidenta. Sin embargo, los peruanos que se manifiestan en las calles han tomado la noticia como una afrenta ante sus reclamos. Entre ellos está la dimisión del nuevo Gobierno.
"El pueblo va a seguir luchando hasta conseguir nuestro objetivo, puesto que Dina Boluarte es una golpista asesina y no lo vamos a permitir mientras que la derecha achorada (violenta) corrupta va a tener que seguir reprimiendo al pueblo nosotros vamos a tomar más fuerza", dijo un granjero durante la manifestación convocada en Cusco.
Un policía fue "quemado vivo" durante las protestas, según Otárola
El nuevo primer ministro y la presidenta de Perú prefieren apostar por las rondas de diálogo para retomar la normalidad en el país. Pero la situación se ha vuelto tan crítica en Puno que Otárola ha anunciado este martes un toque de queda nocturno por tres días en la región.
Este lunes, al menos 18 personas perdieron la vida durante las protestas. Uno de los fallecidos era un agente de la policía que, según las autoridades, fue "quemado vivo" por una turba de manifestantes en la ciudad de Juliaca, en Puno. El resto eran civiles.
La ONU y Amnistía internacional han pedido al Gobierno de Boluarte de cesar el uso innecesario y despreporcionado de la fuerza y facilitar una solución pacífica a la crisis.