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Diputados vuelve a la actividad pensando en el juicio a la Corte Suprema

La Cámara de Diputados retomará su agenda el 23 de enero con la incógnita sobre si podrá sesionar ante la negativa de Juntos por el Cambio.

La Cámara de Diputados retomará el lunes 23 su actividad parlamentaria con el tratamiento de casi 20 temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias, mientras referentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio (JxC) intentan retomar el diálogo tras las fallidas convocatorias de diciembre pasado y en el marco del cuestionamiento opositor al proyecto de juicio político a la Corte Suprema.

La inclusión en el temario de sesiones extraordinarias -convocadas para realizarse entre el próximo lunes 23 y el 28 de febrero- del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, del proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y del que establece la ampliación numérica del máximo tribunal judicial pusieron en alerta a JxC, que los rechaza de manera tajante a los tres proyectos.

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Diputados vuelve a la actividad pensando en en el juicio a la Corte Suprema.

Diputados vuelve a la actividad pensando en en el juicio a la Corte Suprema.

El conflicto entre el FDT y JxC por el pedido de juicio político a la Corte

La principal bancada opositora se niega a tratar el resto de los temas debido a lo que consideran "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

Desde el sector parlamentario del Frente de Todos (FdT) sostienen, en cambio, que "la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento", y recuerdan que "en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional", según manifestaron.

"La oposición no puede paralizar el Congreso. Mi sensación es que la polémica va a serenarse y se tratará el juicio político así como los otros proyectos de ley previstos en el llamado a extraordinarias", auguró, sin embargo, el diputado oficialista Eduardo Valdés en declaraciones a CNN Radio durante el fin de semana.

Al contrario, el titular del bloque PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, reiteró que el oficialismo no tendrá los votos necesarios para iniciar el juicio político a la Corte. “Juntos por el Cambio tiene una posición clara, creo que hay otro bloque con posición clara con lo cual no van a tener el número en el Congreso”.

Al respecto, dirigentes del interbloque opositor ya adelantaron que, cuando el dictamen de la comisión de Juicio Político llegue al recinto, no darán quórum para que inicie la sesión, pero aclararon que si el oficialismo lo consigue por sí mismo entonces bajarán a sus bancas. De ese modo, impedirán que el juicio político al máximo tribunal sea iniciado, ya que para ello se necesitan los votos de dos tercios de los diputados presentes.

Por el andarivel del medio, en tanto, el presidente del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, resumió: "Aparentemente se estaría imponiendo una lógica dura en temas institucionales y eso impedirá que se logren consensos en algunos temas que impulsa el Ministerio de Economía. No es un problema de la oposición; debe resolverlo el Gobierno".

La actividad de la comisión de Juicio Político

En este escenario todo parece indicar que la actividad parlamentaria se retomará el miércoles 25 o el jueves 26 con la puesta en marcha de la comisión de Juicio Político, uno o dos días después de la cumbre de la CELAC que convocará en Buenos Aires a otros presidentes de la región, entre ellos el flamante mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La idea es comenzar uno de esos dos días y realizar, al menos, dos reuniones por semana entre lo que resta de enero y fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El proyecto introducido en la Cámara de Diputados pide, por un lado, que sean citados a la Comisión de Juicio Político, en calidad de acusados, los cuatro jueces de la Corte con los que se buscará avanzar en el juzgamiento político: Rosatti (presidente del tribunal), Rosenkrantz (vicepresidente) y Maqueda y Lorenzetti (ministros).

Por otra parte, el proyecto pide que sean citados como testigos diversos funcionarios, juristas, empleados públicos y organismos de derechos humanos. En total, se detallan pedidos de citación a 34 individuos y organizaciones.

Entre los funcionarios, el proyecto pide citar a los gobernadores "que suscribieron el acuerdo firmado por el Presidente de la Nación" (11 en total), a Carlos Zannini (procurador del Tesoro), Eduardo "Wado" de Pedro (ministro del Interior) y Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos). También pide citar a Silvio Robles (vocero y mano derecha de Rosatti) y a Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, involucrados en un posible tráfico de influencias debido presuntos chats sobre cómo la Ciudad debía proceder en el caso del Consejo de la Magistratura.

En paralelo, el proyecto que recibió la comisión pide que se libren diversos oficios, 13 en total, que incluyen varios pedidos de prueba para determinar la responsabilidad de los jueces en los causales que se les imputan. Entre ellos, entrecruzamiento de llamados, estimaciones sobre el gasto en coparticipación dedicado a CABA y copias de la designación de la esposa de Robles como funcionaria del gobierno porteño.

Precisamente, los causales por los cuales se promueve el juicio político a los jueces supremos, y que seguramente la comisión incluya en su dictamen de mayoría, son el conflicto por la coparticipación de la Ciudad, la intervención de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, los chats entre Robles y D'Alessandro, el caso Muiña (conocido como 2x1), el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y las declaraciones de Rosatti que "buscaron condicionar" a los otros poderes políticos del Gobierno Federal

El temario de las sesiones extraordinarias

Al menos hasta el 1 de marzo, que se inicia el período de sesiones ordinarias, el oficialismo debe buscar consensos para tratar el temario de extraordinarias, en el que, más allá de los temas referidos a la Justicia, prevalece la agenda económica impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ese temario incluye proyectos sobre blanqueo de capitales, la promoción de nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético y el llamado 'Monotributo Tech', iniciativas de inminente presentación parlamentaria.

También desde el Ministerio de Economía esperan que se trate el proyecto referido a la ley agroindustrial; el que actualiza legislación contra el lavado de activos; el que establece la modificación del Indec y el que prevé algunas reasignaciones en el Presupuesto 2023, cuestión relacionada con el fallo de la Corte referido a la coparticipación.

En caso de sumar consensos, los diputados oficialistas volverán a insistir con los proyectos de moratoria previsional y de creación de universidades, que estaban en el temario de la fallida sesión del 21 de diciembre, última jornada en que los legisladores se vieron las caras en el recinto.

Otros proyectos que integran el paquete que deberá abordar la Cámara baja -unos ocho corresponden al Senado- son el que establece la creación del Parque Nacional El Palmar; el que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; el que pone en marcha el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas y el que prevé un régimen previsional especial para brigadistas.

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