"Esto es muy importante ya que estaban a punto de cerrar instituciones por no poder cubrir todos los servicios", sostuvo.
Y añadió: "Esto alivia la situación de crisis muy grave del sector, pero esperan que la ley no sea judicializada por Javier Milei, como amenazó anteriormente", dijo Bidegorry y agregó que "esta es una ley que vuelve a exigir que se cumpla la misma ley que ya existía y que el gobierno había desfinanciado y destruido".
La titular de CITED, que nuclea a 42 instituciones en la provincia de Tucumán, aseguró que "el financiamiento a la Ley de Discapacidad no implica un quiebre al equilibrio fiscal, ya que el Estado no es el único que financia la ley, sino que también aportan Pami, Superintendencia de Servicios de Salud y el programa Incluir Salud".
Por último, Josefina Bidegorry anheló que los aportes "aumenten a niveles de inflación actual, los fondos congelados desde diciembre de 2024".
LO QUE DEJÓ LA SESIÓN:
El proyecto de Ley declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone medidas para garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como la educación, la salud, la rehabilitación, la protección social y el empleo.
Entre sus acciones, se ordena el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la promoción del modelo social de discapacidad desde el Estado y los municipios. Se establece la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, ajustados según la inflación, y se incluyen beneficios tributarios y de regularización de deuda para los prestadores de servicios, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones.
