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El Senado sancionó por unanimidad la ley de Discapacidad

La normativa busca fortalecer de forma duradera la previsibilidad, la transparencia y la eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, una iniciativa que busca consolidar de manera permanente las políticas públicas destinadas al sector, garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar mayor previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores.

La ley salió con 71 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, confirmando la intención original del oficialismo de dejar de lado el pedido de prorrogar la emergencia impulsado desde la oposición, con el argumento de establecer un marco estable para el funcionamiento del sistema, incorporando mecanismos permanentes de financiamiento, coordinación federal, transparencia y control.

Según el texto aprobado, la ley tiene como objetivo superar las dificultades que afronta el sector y fortalecer de forma duradera la previsibilidad, la transparencia y la eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. Asimismo, reafirma los derechos reconocidos por la legislación vigente y asegura la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901.

Uno de los capítulos más importantes actualiza el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. En ese sentido, incorpora expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar entre los beneficiarios del sistema y fija criterios más precisos para el acceso a las prestaciones, incluyendo requisitos de residencia, niveles de ingresos y evaluaciones socioeconómicas.

Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada y mantendrán un mecanismo de actualización automática vinculado a la normativa previsional.

La nueva legislación establece expresamente la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia presupuestaria, la ley incorpora garantías destinadas a asegurar la sostenibilidad del sistema. Entre otras disposiciones, obliga a que las futuras leyes de presupuesto contemplen recursos suficientes para atender las prestaciones y determina que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.

Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad de la cobertura cuando los recursos asignados resulten insuficientes.

La cobertura médica constituye otro de los ejes centrales de la reforma. La norma garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que incluya todas las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, asegurando así la continuidad de los tratamientos y servicios especializados.

Por otra parte, fortalece la articulación entre el Estado nacional y las provincias mediante una coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que participará en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del sector.

La ley también incorpora obligaciones de capacitación para todo el personal de instituciones y prestadores que integran el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

En cuanto a la transparencia, se establece un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones por discapacidad y la obligación de publicar regularmente información sobre ejecución presupuestaria, aranceles y cantidad de beneficiarios, garantizando el acceso público a esos datos mediante formatos abiertos y accesibles.

Finalmente, la norma dispone que el Poder Ejecutivo publique un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema, uno de los reclamos más reiterados de las entidades que brindan servicios de rehabilitación, atención y acompañamiento.

FUENTE: Parlamentario

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