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La desregulación podría dejar sin atención a personas con discapacidad

Eduardo Maidana, secretario de AIEPESA, habló en LV12 sobre la desregulación de los servicios de salud a personas con discapacidad y sus familias.

Personas con discapacidad, prestadores, instituciones y familias están movilizadas en todo el país ante el riesgo de la desregulación de las prestaciones que promueve el gobierno de Javier Milei. En los últimos días circuló un proyecto de decreto que termina con el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador nacional que establece los precios tanto para las obras sociales como para el PAMI o Incluir Salud y garantiza el acceso igualitario.

En este marco LV12 Radio Independencia se comunicó con Eduardo Maidana, secretario de AIEPESA y miembro Foro Permanente de Discapacidad para hablar sobre el tema.

"Una de las preguntas es a quién beneficia esto, porque el proyecto de desregulación que está avanzando ya casi a la firma del presidente y del jefe de Gabinete no vemos en qué mejora la vida y la calidad de las personas con discapacidad", explicó.

"Esto, es muy preocupante porque retrotrae el acceso a las prestaciones como hogares, rehabilitación, centros de día, centros terapéuticos- educativos, residencias, estimulación temprana, atención individual, transporte y una serie de cuestiones que hacen a la inclusión y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad", añadió.

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Foto: El Diario Ar.

Foto: El Diario Ar.

Principio de Equidad

En Argentina está vigente la Ley 24.901, sancionada en 1997, que establece un único valor de nomenclador para obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud. Todas abonan el mismo valor y de esa manera se garantiza la misma atención sin importar la condición económica de la persona con discapacidad.

"La ley 24. 901 es la ley de protecciones básicas en favor de las personas con discapacidad y regula todas las prestaciones. Es tal la articulación entre lo público y lo privado, donde el Estado tiene un rol importantísimo que es entre ellos fijar las normativas y exigencias para el funcionamiento y acreditaciones de estos servicios".

Entre otras cosas tiene la función a través de un directorio de sistema único con participación de la sociedad civil, es decir con participación de las ONGS de determinar las exigencias y el arancel que tiene que ver con el costo de ese servicio.

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Foto: Noticias San Pedro.

Foto: Noticias San Pedro.

Y continuó: "Lo que pretende este decreto es que cada financiador fije el precio que le parezca a cada uno. Por lo tanto, lo que va a pasar y que pasaba antes de la ley, es que cada uno fije un precio contra un costo de servicio que lo que hace es marginar a los que no llegan a ese costo".

Una persona que tiene una pensión no contributiva que por lo general se otorga por la condición de discapacidad y por la situación de pobreza y la situación socioeconómica que tiene esa persona o su familia, tiene las mismas condiciones que alguien que tiene una buena prepaga. Una persona que tiene una pensión no contributiva que por lo general se otorga por la condición de discapacidad y por la situación de pobreza y la situación socioeconómica que tiene esa persona o su familia, tiene las mismas condiciones que alguien que tiene una buena prepaga.

"Eso significa que hay una equidad y con este decreto al desregularse el costo y si cada uno fija el arancel que quiere una persona que tiene una pensión no contributiva se rompería esta equidad", finalizó.

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