El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente, Javier Milei, para desregular la economía abrió el debate sobre la amenaza institucional que representa la facultad del Presidente para adquirir disposiciones de carácter legislativo. Ya son ocho los amparos que denuncian una presunta inconstitucionalidad.
Para dialogar aclarar este tema, LV12 se contactó con Pablo Pirovano, abogado, socio de PASBBA, tesorero del FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia)
"El presidente puede dictar un DNU para casos que fundamente que hay necesidad y urgencia. Lamentablemente esa fundamentación es laxa para que se discuta luego judicialmente si esa necesidad y urgencia realmente ha existido o no", explicó el abogado.
A su vez Pirovano destacó que "cuando una ley es tratada por el Congreso necesita la aprobación de las dos Cámaras. En este caso el DNU está fundado, después se podrá decir si esa fundamentación es o no correcta".
Si bien el Poder Judicial no podría avocarse al tratamiento completo del DNU, no hay ninguna persona legitimada para poder reclamarle al Poder Judicial que declare inconstitucional todo el DNU, informó.
En ese sentido ejemplificó que tipos de demandas se puede hacer sobre el decreto: "La CGT podría reclamar la inconstitucionalidad de la parte del DNU que afecte al colectivo de trabajadores".
El abogado destaca que "el Congreso jamás ha rechazado un DNU del Poder Ejecutivo", pero en este caso "el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en las Cámaras".
Por último esclareció que "al Congreso no se le pide que trate el contenido del DNU, sino que lo ratifique en todo o en nada".