Por el delito de peculado seis ex empleados de la Municipalidad de Alderetes fueron imputados por el Ministerio Fiscal (MPF) mediante la Unidad de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira. En tanto, un séptimo acusado se encuentra actualmente contratado prestando funciones.
Siguiendo expresas delegaciones, el auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, se refirió a los hechos investigados entre los días 10 y 25 de abril del corriente año. “Los acusados, cumpliendo funciones vinculadas a la conducción de camiones afectados al servicio público municipal de recolección de residuos, previo acuerdo de voluntades y mediante sucesivas intervenciones, aprovechándose de la disponibilidad material que, en razón de las funciones que desempeñaban, tenían sobre dichos vehículos y sobre el combustible perteneciente al patrimonio municipal destinado a su funcionamiento, sustrajeron en reiteradas oportunidades combustible de los tanques de camiones recolectores de residuos pertenecientes al municipio de Alderetes, apartándolo de la esfera de custodia de la Administración Municipal y de la finalidad pública a la cual se encontraba destinado”, precisó el representante del MPF quien requirió para los siete medidas de menor intensidad (no privativas) por el plazo que dure la investigación penal preparatoria (seis meses). Tal pedido fue autorizado por la jueza actuante.
“Los camiones eran desviados”
Sobre la mecánica empleada, el Auxiliar de Fiscal describió: “Para concretar dicha maniobra, durante el desarrollo del servicio público de recolección de residuos, los camiones eran desviados del recorrido a cumplimentar y detenidos en inmediaciones del domicilio de un sujeto apodado 'Piluca', ubicado en barrio 40 Viviendas de la ciudad de Alderetes, donde se procedía a extraer combustible de los respectivos tanques y para colocarlos en bidones y otros recipientes, disponiendo de este modo ilegítimamente de combustible perteneciente al erario público que se encontraba destinado al funcionamiento de los vehículos afectados a la prestación del servicio público municipal”.
Medidas que restan
Como cierre de su exposición, Lizarraga mencionó que restan medidas por practicarse, entre ellas, del análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. “Resulta especialmente relevante para confirmar o descartar la existencia de comunicaciones entre los propios acusados y eventualmente con terceras personas vinculadas con el destino del combustible extraído”, concluyó.