Al igual que las facturas de la luz y el gas y de lo que probablemente también terminen sucediendo con los combustibles, el Gobierno busca variantes para congelar las facturas de los servicios de telecomunicaciones.
Es decir de la telefonía móvil y fija, de internet y de las operadoras de televisión por cable y satelital por lo menos hasta fin de año y con los valores fijados al 1 de marzo pasado. Para alcanzar este objetivo, las autoridades abrieron dos caminos.
Por un lado, se entablaron negociaciones entre las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con las empresas proveedoras de estos servicios.
Por el otro, se impulsa la pata parlamentaria a partir de 50 diputados del Frente de Todos que busca congelar los precios mediante la sanción de una ley para que sea el Congreso el que regule las tarifas que mensualmente emiten a sus clientes empresas como Movistar, Telecom, Claro, Cablevisión, Telecentro o DirecTV.
En el caso del organismo que preside Claudio Ambrosini, el objetivo es convencer a las operadoras de la necesidad de mantener los precios por los próximos 180 días.
Ambrosini reconoció estar trabajando sobre un acuerdo para que durante la pandemia no haya ningún tipo de aumento que sería articulado con las llamadas telcos "para dar una certeza absoluta respecto al tema y que la tarea realizada no haya sido en vano".
El funcionario se comprometió a dar una respuesta sobre el acuerdo con las telefónicas para que todos los actores involucrados estén al tanto de los avances en los próximos días.
A la vez, fuentes del mercado confirmaron que Ambrosini también mantendrá reuniones con algunos legisladores que impulsan que el congelamiento no sea de hecho sino a partir de una ley sancionada por el Congreso.
El objetivo es el mismo: retrotraer los precios de los abonos al 1 de marzo y establecer un congelamiento también de 180 días. La diferencia es que el oficialismo parlamentario busca refrendarlo mediante una ley y no a partir de la buena voluntad de las empresas operadoras.