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El gobierno confirmó que va a intervenir al ENACOM

"La intervención es una etapa transitoria, pero necesaria para el reordenamiento del organismo", indicó la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete.

La Jefatura de Gabinete confirmó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) será intervenido, decisión que se plasmará formalmente este lunes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial. "La intervención es una etapa transitoria, pero necesaria para el reordenamiento del organismo", indicó la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, al difundir la decisión y los nombres de quienes conducirán la intervención.

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El interventor designado es el consultor y exempleado de Movistar, Juan Martín Ozores, y los interventores adjuntos son la abogada con 30 años de carrera en organismos estatales, Patricia Roldán; y el ex director del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra. En un comunicado que acompaña el anuncio de la decisión, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Alejandro Cosentino, señaló que la intervención realizará "una auditoría del destino de los fondos públicos para promoción y fomento de la actividad en la búsqueda de un uso racional y transparente".

Desde la Secretaría indicaron que se revisará toda la regulación vigente y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrado el organismo. También adelantaron que "luego de la intervención, el Enacom continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado".

Al respecto, el dirigente de la Cámara de Pequeños Productores de Internet (Cappi), Jesús Gil, celebró que "al no haber autoridades por las minorías, va a permitir rever la situación de lo que ha hecho el gobierno anterior", y remarcó el apoyo de la entidad "a las medidas del Gobierno porque son pro mercado".

Desde la oposición, el exvicepresidente del organismo, Gustavo López, cuestionó la decisión de la intervención al considerar que "no era necesaria", y porque "evita la participación del Parlamento en el directorio". "Desde Catip nunca celebramos las intervenciones. Era una oportunidad para poner en el Directorio del Enacom gente idónea que pueda delinear el rumbo de las Comunicaciones en Argentina a mediano y largo plazo", aseveró por su parte el titular de la Cámara de Comunicaciones Convergentes, Franco Cecchini.

Aunque se encargó de aclarar que no critican negativamente a quienes fueron designados para la intervención, sí marcó que ven que esta acción es "perder la oportunidad de establecer un Ente que diagnostique el Estado actual del Sector y establecer una estrategia a favor de todo el Pueblo Argentino".

Días atras la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) apoyó públicamente las políticas del Gobierno y pidió que se produzca una "profunda verificación de criterios de asignación y destino de los Aportes No reembolsables otorgados -por el Enacom- en el período 2019-2023, dadas las múltiples denuncias de manejos poco claros y de tergiversación evidente en el uso discrecional del Fondo de Servicio Universal", dijeron.

Consultadas las grandes empresas del sector por la agencia Télam, coincidieron en que no tener comentarios al respecto, mientras que entre las pymes la reacción varía entre las que anhelan que no se recorten los programas que asisten a las más chicas del mercado y las que esperan tener una mayor participación en la mesa de discusión de las políticas para el sector.

Entre las funciones del Enacom figura la gestión del Fondo de Servicio Universal, que se integra con un porcentaje que aportan todas las empresas del sector y que, entre otros casos, permitió la distribución de tarjetas de datos a los grupos sociales más vulnerables en la pandemia. También financió la mejora en la cobertura y calidad del servicio de internet a una variedad de proveedores de esta red en todo el país, así como sostuvo el programa de internet en barrios vulnerables y financió la conectividad de centros de salud primario y escuelas de todo el territorio.

Por la Defensoría del Público y el Fomeca

La Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), también funcionan en el marco del Enacom y ambos espacios están en peligro luego de que los convirtieran en moneda de cambio en medio de las negociaciones para garantizar la aprobación de la ley ómnibus del Gobierno nacional. Así lo confirmó en sus redes sociales la diputada nacional Silvana Giudici, a cambio de no cerrar espacios ligados a la cultura.

La Defensoría desarrolla sus funciones en el marco del Poder Legislativo. Su defensora, Miriam Lewin, fue nombrada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y tiene mandato hasta el próximo 24 de junio. El ente escucha a las audiencias y atiende sus reclamos desde una perspectiva de derechos humanos, defiende el derecho a la libertad de expresión y a estar informados.

El Fomeca, como su nombre lo indica, es un fondo para medios de comunicación sin fines de lucro, de frontera y de pueblos originarios establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las normas más discutidas de la democracia. Desde la Coordinadora Nacional de Televisoras Argentinas (CONTA), expresaron que el FOMECA “no compite con el cine ni con el teatro ni con las bibliotecas populares: la norma establece un porcentaje del gravamen a los servicios audiovisuales (que también pagan los comunitarios), para fomentar cada actividad”.

Además, apuntaron contra Guidici, diputada nacional por CABA argumentando que “miente para acallar voces y muestra que la ultraderecha negocia un proyecto de ley ómnibus más retrógrado que el original”.

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