La medida fue tomada por el Ente Nacional de Comunicaciones, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 557/2023 y lleva la firma del presidente de Enacom, Claudio Ambrosini.
Hace dos días el Gobierno autorizó aumentos mensuales hasta fin de año en televisión paga, telefonía e internet y las licenciatarias podrán aplicar sucesivos incrementos de hasta un 4,5% desde mayo hasta diciembre de 2023.
"El aumento es solo para aquellos que han cumplido con el decreto, el cual establece que el precio debe ser equitativo, justo y razonable, sino lo fija el Estado. El mismo se fijó en 4,5% mensual con posibilidad de revisarse si la inflación baja", explicó en LV12, Gustavo López, vicepresidente del Enacom.
En este sentido, detalló que hay alrededor de 2.000 prestadores de telefonía fija, cable y solo hay tres de telefonía celular, "entonces las empresas grandes y algunos cableros, han recurrido a la Justicia para presentar un amparo y evitar la aplicación de este decreto y han conseguido el aval de los jueces. Lo hicieron el Grupo Clarín y Telefónica", por mencionar algunas.
López sostuvo: "Nosotros hicimos un equilibrio entre lo que el ciudadano puede pagar y el costo de las empresas para mantener la calidad del servicio, considerando que siempre se puede revisar porque la economía mejora si baja la inflación, entonces baja el aumento autorizado. El aumento es del 4,5% y hay empresas que han aplicado el 10%, 15%, que son amparadas por la Justicia, es decir, la Justicia ha determinado que las empresas cobren lo que quieran".
La Justicia y su protección a grandes grupos económicos
"Nosotros venimos denunciando que este Poder Judicial, en cabeza de la Corte, protege por un lado a los grandes grupos económicos y esta es la prueba más palpable. La Justicia en lugar de resolver el fondo de la cuestión, da amparos porque el Congreso sanciona normas pero la Justicia no las aplica", manifestó el vice de Enacom.
Hablando de la Justicia y la reciente medida para que las elecciones no se celebren en nuestra provincia y en San Juan, López afirmó que "es una gravedad institucional tremenda, porque no solo rompe con el federalismo que es la posibilidad de que cada provincia determine su sistema electoral, sino que además se llega a una resolución de la Corte vía amparo y no vía recurso extraordinario, lo que hubiera permitido ver si se trataba de un caso federal y resolverlo. Aquí interviene en lo que nosotros llamamos competencia exclusiva de la Corte cuando no lo es, porque es de las provincias".
A modo de conclusión, dijo que "si no le permiten a la gente votar, están tirando abajo el sistema democrático".