El procesamiento es sin prisión preventiva ya que el magistrado dijo que no pudo llegar a la conclusión de que el exfuncionario “no intentará eludir el accionar de la Justicia ni entorpecerá, al continuar en libertad, el trámite de la investigación”, y que no detectó “circunstancias de excepción reales y concretas que hagan indispensable la aplicación de una medida cautelar coercitiva”.
Ercolini mencionó que Baratta “habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada entre el día 28 de mayo del año 2003 y el día 10 de diciembre del año 2017; período durante el cual ejerció la función pública como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación —cargo que desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2015— y durante los dos años subsiguientes a su cese”.
Advirtió que el aumento patrimonial del exfuncionario “carecería de sustento en tanto la resultante obtenida a partir de la confrontación entre sus ingresos legítimos, debidamente registrados y comprobables, y las aplicaciones de fondos efectivamente verificadas arroja saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y 2012 a 2017, los que acumulados a lo largo de todo el lapso imputado ascienden a la suma de $4.678.496,90, lo que evidencia la existencia de desfasajes entre los recursos declarados y las erogaciones detectadas en el presente expediente”.
Explicó que el crecimiento patrimonial del exfuncionario se habría concretado a través de la compra de inmuebles y vehículos, tanto a su nombre como de familiares directos, como su cónyuge, Dalina Bielle , y su madre, Marta Rosa Girola. Sumado a “la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera”.
El núcleo de la causa apunta a un aumento patrimonial que, según la investigación, no se justificaría con los ingresos de Baratta. Entre los bienes en cuestión figuran departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires, vehículos, un lote y una vivienda en el Country Mapuche, en Pilar.
El predio fue adquirido el 19 de septiembre de 2012 por US$70.000 en efectivo. La construcción, tasada en alrededor de $3.700.000, se pagó también en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015 y quedó a nombre de la madre del exfuncionario.
Ercolini mencionó que “en conjunto, el matrimonio declaró aportes por $604.546,11″ y que “ese reconocimiento resulta relevante, pero no explica la totalidad de la inversión”.
