La UFI formuló cargos por el delito calificado como estafas. En contra de la mujer, solicitó la imposición de una serie de reglas de conducta a los fines de cautelar el proceso por seis meses. En tanto, para los hombres requirió la prisión preventiva, para uno de ellos por el plazo de dos meses; y para el otro, por diez días. La jueza interviniente hizo lugar a las medidas.
“Nuestra teoría del caso es que actuaron de manera conjunta para estafar con conocimiento que no iban a cumplir con lo acordado”, destacó el investigador del Ministerio Fiscal.
Según la acusación, las víctimas denunciaron que ante el aumento desmedido de las cuotas de sus planes de ahorro, se vieron en la necesidad de vender sus automóviles.
Para hacerlo, se contactaron con personas que creían que seguían trabajando en las concesionarias en las que había adquirido los vehículos, para dejarlos a la venta.
Los damnificados entregaban sus autos y firmaban la documentación correspondiente en una escribanía, sin recibir luego el pago correspondiente por la operación comercial.