La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010, mediante la Resolución 65/209, y comenzó a conmemorarse oficialmente en 2011. La iniciativa había sido impulsada previamente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).
En diálogo con LV12, Marta Rondoletto, integrante de la Fundación de Memorias e Identidades de Tucumán, sostuvo que "esta fecha significa mucho porque pone en evidencia un método de represión que si bien existía, nunca había tomado las características que tuvo con las dictaduras. FEDEFAM reunía a familiares de Chile, Bolivia, Uruguay y fundamentalmente, Argentina. Son ellos los que llevan a niveles internacionales hasta que la OEA o la ONU, asumen las denuncias y comienzan a intentar investigar".
En este contexto, agregó que durante la dictadura se acercaron al país comisiones de estas organizaciones para investigar y recabar en los lugares denunciados. "Amnistía Internacional también fue muy importante porque las denuncias que ocurrían en las distintas naciones tenían tal peso de evidencia que no se podían ocultar los crímenes y compelía a que las organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos tuvieran que involucrarse".
"En nuestro país fue fundamental para esta lucha que llevaban y aún llevan, se compruebe que sectores de la estructura estaban implicados en ese tipo de persecución y crímenes", agregó.
La postura del Gobierno nacional sobre los DDHH
Para Rondoletto, "este Gobierno nacional es un exabrupto de la realidad estructural gubernativa de nuestro país. Es exactamente lo contrario de lo que venimos construyendo con diferentes espacios para garantizar la democracia y los derechos de los argentinos, de los ciudadanos que habitan este país. Este Gobierno nacional es exactamente lo opuesto a esto".
