En diálogo con LV12, el abogado José Lucas Magioncalda explicó que la denuncia apunta a la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Estamos denunciando una irregularidad que entendemos es muy grave. El decreto que regula este tipo de situaciones establece pasos específicos cuando existe una relación de parentesco entre un contratista y un alto funcionario”, sostuvo.
La contratación cuestionada involucra a una fundación cuya presidenta es esposa del ministro. Según detalló el letrado, en estos casos la normativa exige un mecanismo de mayor transparencia, con publicación anticipada del expediente para permitir el control ciudadano y de los organismos competentes.
“Uno de esos deberes es que la Oficina Anticorrupción publique el expediente antes de la adjudicación. Eso no ocurrió. Recién apareció después, y la finalidad de la norma es preventiva”, remarcó.
Al ser consultado sobre si es necesario probar un hecho de corrupción o un pago indebido para que exista una incompatibilidad, Magioncalda fue claro: “No es necesario que exista una coima o un daño económico directo. La corrupción no se limita al perjuicio patrimonial. También hay un daño institucional, que afecta la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones”.
Y agregó: “Estos procedimientos fueron creados justamente para los casos que generan dudas o aparentes conflictos de intereses. No respetarlos ya es gravísimo”.
El abogado adelantó además que ampliarán la denuncia con nuevos datos. Entre ellos, cuestionó que la entidad contratada habría manifestado ser la única con determinada certificación internacional, algo que —según documentación periodística— no sería así. “Se han pasado muchos semáforos en rojo. Hay elementos suficientes como para que la Justicia investigue si se activaron mecanismos de favoritismo”, afirmó.
