La medida se fundamenta en la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que establece restricciones para las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la legislación argentina.
El alcance de la disposición también contempla a los accionistas de las compañías involucradas y a las empresas que les presten servicios, de acuerdo con lo informado por la Oficina del Presidente, que presentó la decisión como parte de las acciones oficiales para defender los derechos argentinos sobre el archipiélago.
En ese marco, el comunicado difundido por el Ejecutivo volvió a fijar su postura sobre los territorios del Atlántico Sur: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión."
La administración de Milei también anticipó que utilizará las herramientas previstas por la legislación para responder ante las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas y sus áreas marítimas circundantes, al considerar que esas operaciones afectan los derechos soberanos que Argentina mantiene sobre el territorio.
Además, el texto oficial remarcó la continuidad del reclamo histórico argentino y afirmó: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas." La advertencia se produjo horas después de que Milei dedicara parte de su discurso a la cuestión del Atlántico Sur.
Qué es el proyecto Sea Lion que avanza sobre las aguas de Malvinas
El proyecto hidrocarburífero Sea Lion es una iniciativa impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration para extraer petróleo en aguas ubicadas al norte de las Islas Malvinas, dentro de un área cuya soberanía Argentina reclama y que actualmente se encuentra bajo administración británica.
El yacimiento está situado a unos 220 kilómetros del archipiélago y las compañías prevén iniciar una primera etapa de desarrollo durante 2028, después de aprobar en diciembre de 2025 una inversión cercana a los 1.800 millones de dólares para avanzar con la explotación del recurso descubierto en esa zona.
Navitas Petroleum posee una participación del 65% en el emprendimiento, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante, según la información publicada por C5N. Las estimaciones difundidas ubican las reservas recuperables en unos 314 millones de barriles de petróleo.
El desarrollo contempla una producción estimada de alrededor de 55.000 barriles diarios y constituye uno de los principales proyectos petroleros vinculados con las aguas próximas a las islas, en un contexto marcado por el reclamo argentino de soberanía y la oposición del Gobierno a esas operaciones.
