El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año el plazo para que organismos y empresas públicas concreten la finalización de contratos con compañías en las que el Estado posea participación accionaria o que hayan gozado de beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios. La decisión se formalizó a través del Decreto 591/2025.
La norma extiende lo dispuesto en el Decreto 747/2024, que vencía el próximo 22 de agosto. Ese decreto había dejado sin efecto obligaciones previas que imponían a los organismos nacionales contratar únicamente con determinadas firmas estatales.
La normativa original - ahora extendida - también derogó el Decreto 1189/2012, que obligaba a comprar combustibles y lubricantes únicamente en YPF; el 1191/2012, que establecía contratar vuelos solo con Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar; y el Decreto 823/2021, que imponía la contratación de seguros exclusivamente con Nación Seguros.
También se eliminó la exclusividad que tenía el Banco Nación para el pago de haberes de empleados públicos, vigente desde 2012. En abril pasado, el Gobierno adjudicó a once bancos privados y públicos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo. La nómina de entidades habilitadas incluye al Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, ICBC, Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle, entre otros.
Así, el gobierno estableció que las empresas con participación estatal no tendrían más privilegios ni prioridad en contrataciones, compras ni vínculos jurídicos con la administración pública.