La medida lleva firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de la estructura nacional.
Mediante el artículo 3°, se incrementaron en $500.000 millones el techo fijado por el artículo 40 de la Ley N° 27.798 para la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional y deudas establecidas en acuerdos transaccionales bajo la Ley N° 27.260. El nuevo límite queda determinado en $712.288 millones.
La ampliación de la partida previsional responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino
Según dispone la norma, la ampliación responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Anses, organismo descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, es el ente responsable de afrontar esos pagos.
Además, la decisión contempla también un refuerzo de los créditos de gastos en personal destinado a financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Por esto, se incorporaron 162 mil millones de pesos como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional, bajo la categoría de “Gastos en personal”.
Aquellos interesados en aplicar a este sistema de retiros debieron presentar sus formularios hasta el 26 de abril y, tal como establecía la medida, tenían que cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, no tener reclamos laborales pendientes y aceptar que no podrán trabajar en el sector público nacional dentro del plazo fijado. Además, aquellos que ocupen cargos sindicales deberán renunciar tanto a esos puestos como a la tutela sindical si desean acceder al beneficio.
Este refuerzo se ejecuta específicamente para la instrumentación de los retiros voluntarios y figura en el desglose presupuestario publicado.
Transferencias de agentes y redistribución de cargos entre organismos
El artículo 2° de la D.A.20 adecúa la distribución de cargos y créditos para reflejar una serie de movimientos de personal ya dispuestos por decisiones administrativas previas. El primero de ellos, establecido por la Decisión Administrativa N° 40 del 30 de diciembre de 2025, transfirió ocho agentes de planta permanente de la Jefatura de Gabinete de Ministros al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Algo similar ocurrió con el traspaso de un agente del Ministerio de Defensa a un organismo descentralizado de la cartera.
En el Ministerio de Economía, la medida consolida dos movimientos adicionales: el ingreso de un agente proveniente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano --dispuesto por la Decisión Administrativa N° 7 del 11 de febrero de 2026- y el traspaso de tres agentes de la Secretaría de Minería al Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), organismo descentralizado en esa misma órbita, según la Decisión Administrativa N° 11 del 7 de abril de 2026. Las planillas anexas muestran la disminución y aumento de estos puestos en los cuadros correspondientes de cada organismo.
Modificación de créditos del Consejo de la Magistratura
La adecuación presupuestaria alcanza también al Consejo de la Magistratura, organismo del Poder Judicial de la Nación. El refuerzo se expresa en el incremento de 115.194 millones de pesos para gastos en personal en el programa “Actividades Centrales” y 22 mil millones de pesos para bienes de uso en el programa “Justicia de Máxima Instancia”. Según indica el considerando de la medida, la modificación apunta a posibilitar su normal funcionamiento, con la distribución desagregada por programas y partidas consignada en los anexos.
Adorni y Caputo reactivaron la motosierra
Además de las reasignaciones presupuestarias, el Jefe de Gabinete de ministros y el ministro de Economía dispusieron nuevos recortes en diversas partidas aprobadas del Presupuesto 2026, según encomendó el presidente Javier Milei, para reforzar la meta de superávit fiscal comprometida con el FMI.
El mayor recorte recayó en “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-” a cargo de Obligaciones del Tesoro Nacional por $1,47 billones, en línea con la baja de subsidios y aumentos de tarifas de los servicios públicos. Le siguen en importancia por monto:
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ministerio de Economía: $359.497 millones;
Infraestructura para el Desarrollo del Deporte, Ministerio del Interior: $320.671 millones;
Obra de Repavimentación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 38, Tramo: Lte. Tucumán / Catamarca - Aguilares, Sección 1: Lte Cata, Ministerio de Economía: $97.104 millones;
Fondo de Compensación Salarial Docente, Ministerio de Capital Humano: $78.711 millones;
Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer, Ministerio de Salud: 63.021 millones;
Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, Ministerio de Capital Humano: $55.465 millones;
Integración Socio-Urbana, Ministerio de Economía: $39.442 millones;
Otras partidas: $206.631 millones.
La partida presupuestaria para la Administración Central fue recortada en términos netos en $2,5 billones (1,6 por ciento)
De este modo, la partida presupuestaria para la Administración Central fue recortada en términos netos en $2,5 billones (1,6%), la cual sumado a $565 mil millones de mayores ingresos respecto de los previstos, elevan la meta de superávit fiscal en poco más de $3 billones, a $3,2 billones.
