La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, donde el Gobierno estableció “la obligatoriedad para todos los presos o internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de las cárceles que los alberga”.
La medida precisó que las actividades podrán ser llevadas a cabo durante cinco horas diarias. También se detalló que estos trabajos no serán remunerados.
“Las personas privadas de la libertad no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual”, argumentó el gobierno nacional en su relación.
“La ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden".
Esta resolución se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, “en cuanto establece que "las cárceles serán sanas y limpias".