Desde el año 2.009 un grupo de personas reclaman por haber sido estafadas en el acceso a viviendas, y apuntan contra el gremio de judiciales.
Sergio Almirón, representante del grupo, dijo: "no hemos podido avanzar con respecto al gremio de judiciales. No es la primera vez que venimos, luchando, hace bastante tiempo y no tenemos respuesta alguna".
"Somos muchas familias que hemos sido damnificados por el gremio", agregó. Y comentó que a cada uno se les había pedido diferentes sumas de dinero para poder garantizarle lo que era la entrega y ser adjudicatario de viviendas que estaban programadas para Las Talitas y San Andrés. "No se hizo lo que se tenía que hacer por parte del gremio. Pusieron resoluciones por encima de las nuestras, pusieron a otras personas", explicó.
Los damnificados, (12 personas en total) que son representados por el doctor Garmendia, fueron recibidos en varias ocasiones por responsables del IPV, e incluso hubo charlas entre el organismo y la abogada del gremio, pero no se llegó a ningún acuerdo en particular.